La Sala Constitucional declaró inconstitucional la aprobación de una moción que recortó ¢8.048 millones de fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, por un vicio sustancial de procedimiento legislativo, informó el Poder Judicial.
Mediante la resolución 45631-2026, votada el 20 de noviembre, el tribunal ordenó corregir la modificación. Si la Asamblea Legislativa no lo hace, la aprobación de la moción se tendrá por excluida y el presupuesto deberá ajustarse a la distribución anterior en lo correspondiente a esos recursos universitarios.
Fondos habían sido objeto de un acuerdo
La consulta legislativa cuestionó la rebaja de recursos cuya entrega había sido postergada y cuyo reintegro fue acordado entre el Poder Ejecutivo y las universidades estatales mediante la Comisión de Enlace.
Las diputaciones consultantes alegaron que la Asamblea Legislativa no podía modificar ese monto sin que existiera un diferendo entre las partes. También señalaron posibles afectaciones a la autonomía universitaria y al financiamiento de la educación superior, y objetaron que el dinero se destinara al pago de obligaciones con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
El recorte se incorporó mediante la moción de fondo número 16, aprobada en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. La modificación rebajó exactamente ¢8.048.128.252 de una subpartida y aumentó otra por la misma suma dentro del proyecto presupuestario, tramitado bajo el expediente legislativo 25.754.

Fallo se concentra en el procedimiento
La Sala concluyó que la aprobación de la moción infringió el artículo 85 de la Constitución Política, el cual establece que el Estado debe dotar de patrimonio y rentas propias a las universidades públicas estatales y mantener el fondo especial para financiar la educación superior estatal (FEES).
Al constatar ese defecto esencial de procedimiento, omitió pronunciarse sobre los cuestionamientos de fondo y sobre la consulta a las instituciones de educación superior universitaria.
El magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado consignó razones adicionales al considerar que también debía analizarse la falta de consulta obligatoria a las universidades, conforme al artículo 88 constitucional, el cual exige que la Asamblea Legislativa consulte previamente a las universidades antes de discutir o aprobar proyectos de ley que afecten su competencia o se relacionen directamente con ellas.
La resolución ordena notificar al Directorio de la Asamblea Legislativa y a las personas consultantes. Su efecto se concentra en la modificación cuestionada de los fondos postergados del FEES, no en la totalidad del Presupuesto Nacional 2027.
