Gobierno y universidades tienen posturas excesivamente disímiles actualmente. Las casas de enseñanza piden mantener sus presupuestos y ajustarlos por inflación, pero el Ejecutivo más bien propone una reducción de ¢128.000 millones
El Gobierno propone una reducción de ¢128.000 millones, sin contar los efectos inflacionarios, lo cual supera los presupuestos separados de la UNA, el ITCR, la UNED y la UTN asignados para el año en curso.
Es posible eliminar el impuesto a los combustibles y compensarlo con el crecimiento anual de la recaudación que experimentan los otros impuestos.
Las autoridades han sabido por años que el crecimiento desmedido en los salarios era insostenible, pero poco han hecho al respecto.
Debemos volver a ser “el país de la educación”. Pero esto no se va a lograr haciendo más de lo mismo. El sistema debe cambiar y esto requiere visión, coraje para revisar a fondo el modelo, una política de Estado que trascienda los gobiernos, y un liderazgo renovado, capaz de poner los intereses del país y de los jóvenes por encima de sus privilegios e ideologías.
La Carta Magna sí le otorga cierta independencia a las universidades, a pesar de que la palabra autonomía o autonomía universitaria, no son mencionadas ni una única vez en toda la constitución.
Por ley el FEES total debe crecer como mínimo el monto de inflación que reporte el país. No importa si hay crisis fiscal, tampoco si el Gobierno está en campaña de austeridad. El presupuesto de las universidades públicas va a subir año con año por default.
“Lamento mucho que las advertencias que sobre este tema ha realizado la contraloría en múltiples informes, se estén materializando”, declaró Marta Acosta, contralora general de la República
El 50% de los estudiantes de las universidades estatales provienen del 40% más rico del país y tan solo un 22,6% pertenecen a los hogares de menores ingresos.