La Sala Constitucional ordenó eliminar cuatro normas de ejecución del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que regulaban el uso de recursos y la ocupación de plazas del Poder Judicial, tras encontrar vicios sustanciales en su incorporación y trámite legislativo, informó el Poder Judicial.
La decisión consta en la resolución 45630-2026, votada el 20 de noviembre, y responde a una consulta presentada por la Corte Suprema de Justicia contra las normas 9, 10, 11 y 12 del artículo 7 del proyecto, tramitado bajo el expediente legislativo 25.754.
El tribunal estableció que la Asamblea Legislativa debe eliminar esas disposiciones. Si no lo hace, se tendrán por excluidas del proyecto de presupuesto aprobado, conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Corte cuestionó intervención en decisiones administrativas
La Corte Suprema de Justicia planteó que las normas podían afectar la independencia judicial, la autonomía presupuestaria y el funcionamiento institucional. Entre sus argumentos, señaló que se incorporaron sin realizar la consulta preceptiva del artículo 167 de la Constitución Política y sin respetar el procedimiento presupuestario del artículo 177.
También objetó que las disposiciones otorgaran competencias a órganos legislativos y a la Contraloría General de la República para intervenir en decisiones administrativas relacionadas con el uso de recursos y la ocupación de plazas judiciales.
Esos planteamientos motivaron la consulta facultativa de constitucionalidad, un mecanismo que permite solicitar al tribunal una revisión de un proyecto aprobado en primer debate antes de su aprobación definitiva. La Corte puede utilizarlo cuando considere que una iniciativa afecta principios o normas vinculados con sus competencias constitucionales.
Sala encontró dos defectos de trámite
Al resolver, la Sala determinó que se omitieron los procedimientos constitucionales previstos en los artículos 167 y 177. Además, concluyó que se utilizó el procedimiento especial de aprobación del presupuesto para introducir normas atípicas cuyo contenido corresponde a la legislación ordinaria. Ambos defectos invalidaron el trámite de las disposiciones cuestionadas.
Como esos vicios de procedimiento fueron suficientes para resolver, el tribunal no se pronunció sobre los cuestionamientos de fondo. Por tanto, el fallo no constituye una resolución sobre todos los argumentos de afectación a la independencia judicial o a la autonomía presupuestaria planteados por la Corte.
La orden se refiere a la eliminación de las cuatro normas de ejecución, no a la anulación del presupuesto completo ni a una modificación de los montos asignados al Poder Judicial. La Sala dispuso comunicar la sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa.
