EscucharEl régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) enfrenta uno de los escenarios más complejos desde su creación. Por primera vez, en el 2025 los ingresos no alcanzaron para cubrir la totalidad de los gastos anuales, en un contexto marcado por el envejecimiento acelerado de la población, el menor crecimiento de cotizantes y mayores presiones sobre las reservas del sistema.
Esto traerá problemas reales para las finanzas públicas si no se hace nada, aseguró Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en una entrevista con El Financiero.
—¿Cuáles son los principales factores estructurales que explican el deterioro financiero actual del IVM?
El IVM enfrenta presiones que son comunes a los sistemas de pensiones en muchos países, principalmente por el envejecimiento de la población, que implica más personas pensionadas viviendo por más años y una menor cantidad de personas jóvenes cotizando.
A ello se suman cambios en el mercado laboral, como el comportamiento sostenido de la informalidad, nuevas formas de contratación y el impacto de la tecnología, que reducen el empleo tradicional sobre el cual se financia la seguridad social. En el caso de Costa Rica, también han influido factores externos asociados al contexto económico y fiscal de los últimos años, que han limitado el crecimiento de las masas salariales cotizadas, mientras los gastos por pensiones continúan aumentando de manera natural y sostenida.
—¿Desde qué año se tiene evidencia técnica de que el régimen presentaba riesgos de sostenibilidad?
Desde hace varios años, los estudios técnicos han identificado la necesidad de realizar ajustes para fortalecer el régimen y asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Estas evaluaciones han servido de base para introducir cambios importantes y para orientar decisiones dirigidas a proteger las pensiones actuales y futuras frente a los desafíos demográficos y económicos del país.
—¿Qué advertencias actuariales se realizaron en los últimos 10 o 15 años y qué medidas se adoptaron en su momento?
En los últimos 10 a 15 años, los análisis actuariales han contribuido a identificar la necesidad de fortalecer el régimen IVM y han servido de base para la adopción de medidas relevantes. En 2013 se realizaron estudios de corto, mediano y largo plazo que permitieron introducir ajustes como la eliminación de la pensión adelantada con castigo y modificaciones en las cuotas de financiamiento.
Posteriormente, la contratación de valuaciones actuariales externas dio lugar a la realización de una Mesa de Diálogo Nacional en 2017. Más adelante, los resultados de la valuación actuarial de 2018 impulsaron una primera etapa de reformas ejecutadas entre 2021 y 2022, cuya aplicación más reciente entró en vigor en enero de 2024. Actualmente, el régimen se encuentra en una nueva etapa de análisis orientada a seguir construyendo soluciones de largo plazo, con una propuesta de estrategia que será presentada a la Junta Directiva en abril de 2026.
—¿Le preocupa el déficit que tiene el régimen actualmente?
Claro, durante el 2025 se presentó, por primera vez en la historia del IVM, una situación en la que los ingresos del régimen no cubrieron en su totalidad los gastos anuales. Esta circunstancia reafirma el compromiso institucional de continuar fortaleciendo la gestión financiera del sistema y de profundizar las acciones orientadas a su sostenibilidad y mejora continua, con una visión de largo plazo.
El rendimiento de las inversiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se ha mantenido en terreno positivo durante la última década, con tasas anuales que han oscilado entre el 8% y el 10% desde 2015. El punto más alto se registró en diciembre de 2022, con un 9,98%, mientras que en 2025 el retorno cerró en 7,85%, mostrando una leve tendencia a la baja en los últimos años.
—¿Qué responsabilidad tiene la Junta Directiva de la CCSS en la situación actual?
De acuerdo con la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Junta Directiva es el órgano responsable del gobierno y la administración de los seguros sociales y, en ese marco, le corresponde analizar y adoptar decisiones orientadas a fortalecer la sostenibilidad de los regímenes a su cargo con base en criterios técnicos y actuariales.
Al mismo tiempo, la situación actual del régimen está determinada en buena medida por factores demográficos, económicos y del mercado laboral que exceden el ámbito de acción directa de la institución, frente a los cuales la Junta Directiva mantiene su compromiso de ejercer sus competencias legales con responsabilidad y una visión de largo plazo.
—¿Cuáles son las medidas concretas que se están valorando para garantizar la sostenibilidad del IVM?
En este momento, las medidas se encuentran en una fase de análisis y construcción técnica, en el marco de un proceso activo y riguroso en el que participan equipos técnicos de la CCSS, la Supén y otras instituciones competentes. En este contexto, se evalúan diversas propuestas surgidas de espacios de diálogo social, consultas públicas y foros técnicos, con el objetivo de avanzar hacia soluciones responsables, equilibradas y sostenibles en el tiempo.
—¿Se contempla modificar la edad de retiro, las cuotas o la fórmula de cálculo de pensiones?
En concordancia con el proceso de análisis en curso, actualmente no se ha definido la adopción de cambios específicos en estos componentes. El enfoque está puesto en evaluar alternativas de manera integral, con el objetivo de resguardar la sostenibilidad del régimen y el equilibrio entre generaciones. Eventualmente las opciones se examinarán con responsabilidad y base técnica.
—¿Qué ocurriría si no se adoptan reformas en el corto plazo?
La ausencia de ajustes oportunos podría generar una presión creciente sobre las reservas del régimen, lo que, en el tiempo, incrementaría las necesidades de financiamiento y podría implicar mayores compromisos para el Estado.
Este escenario tendría efectos no solo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino también sobre el equilibrio de las finanzas públicas, razón por la cual resulta clave avanzar con responsabilidad en el análisis y construcción de soluciones.
