Costa Rica vuelve a abrir el debate sobre una nueva reforma fiscal luego de ocho años de haberse aprobado la más reciente. Ahora, el gobierno analiza medidas para aumentar los ingresos y contener el crecimiento de la deuda pública.
Sin embargo, economistas consultados coinciden en que la discusión actual no debe partir de la idea de que la reforma fiscal aprobada en 2018 fracasó, sino de que ese ajuste permitió corregir parte de los problemas que enfrentaba el país y dejó pendientes cambios de mayor profundidad.
La última reforma tributaria fue aprobada durante la administración de Carlos Alvarado mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), en diciembre de 2018, ante una situación marcada por un fuerte deterioro de las finanzas públicas, un aumento sostenido de la deuda y la necesidad de generar más ingresos para el Estado.
Entre sus principales cambios estuvo la transformación del antiguo Impuesto General sobre las Ventas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ampliando la base tributaria para incluir servicios que anteriormente no estaban gravados.
Además, creó un nuevo tratamiento para las rentas de capital dentro del impuesto sobre la renta; estableció cambios en el impuesto sobre las utilidades de las empresas y fortaleció las herramientas de la administración tributaria para combatir la evasión y la elusión fiscal.
En materia de gasto público, incorporó la regla fiscal, un mecanismo que limita el crecimiento del gasto corriente del Gobierno según la situación de la deuda y el comportamiento de la economía.
También estableció controles sobre componentes del empleo público, como incentivos salariales, anualidades y pluses, con el objetivo de contener el crecimiento de la masa salarial estatal.
Para Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, la reforma cumplió con los objetivos para los que fue diseñada y permitió una mejora significativa en la situación fiscal del país.
Sin duda alguna, el país está en una mejor situación que si no se hubiera hecho nada, dijo. La reforma permitió restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas medida por la trayectoria de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto.
Explicó que, antes de la reforma, la relación deuda-PIB venía aumentando de manera constante, pero que, cuando los cambios comenzaron a tener efecto pleno, especialmente a partir del 2021, la tendencia cambió.
“Pasamos de una trayectoria ascendente a una descendente y eso se logra gracias a la reforma. Entonces el objetivo de darle sostenibilidad a las finanzas públicas se cumplió y se cumplió plenamente”, señaló.
El economista rechazó la idea de que la reforma haya perdido vigencia.
“No hay ninguna razón técnica para sostener que la reforma se agotó. Eso me parece que es un error técnico de entendimiento de la reforma. Ninguna de las reformas que introduce esa Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ha dejado de surtir efecto”, indicó.
Cubero señaló que el deterioro reciente de algunos indicadores fiscales responde a otros factores, entre ellos una menor recaudación tributaria vinculada al comportamiento económico y cambiario.
Explicó que la apreciación del colón frente al dólar y el menor dinamismo de algunas empresas afectaron la generación de ingresos.
Una reforma importante, pero no definitiva
Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional, explicó que la reforma del 2018 tuvo tres grandes logros: la creación del IVA como impuesto tributario, la incorporación de las rentas de capital y la introducción de la regla fiscal.
También resaltó la incorporación de las rentas de capital dentro del impuesto sobre la renta.
“Las rentas del capital habían adquirido mayor relevancia dentro de la dinámica económica del país y dentro de los ingresos de muchas personas, particularmente con mayor capacidad económica”, señaló.
No obstante, indicó que la reforma tenía un alcance limitado y no fue diseñada para resolver todos los problemas fiscales del país.
“La reforma del 2018 era una reforma limitada en cuanto al alcance. No se diseñó como una reforma de amplio calado, era una reforma para atender un problema de carácter coyuntural y la necesidad de generar recursos adicionales”, explicó.
Según Rodríguez, la reforma resolvió una parte del problema, pero no podía convertirse en una solución permanente.
“No estaba diseñada para ser la solución final de todos los problemas del país y en todo caso ninguna reforma es una reforma definitiva ni ningún país puede darse por satisfecho con las reformas tributarias que está haciendo, en tanto la economía evoluciona, se transforma y eso requiere que ajustemos nuestro sistema tributario”, afirmó.
Los pendientes de la nueva discusión fiscal
Ahora, el país vuelve a discutir posibles cambios tributarios, impulsados por la necesidad de fortalecer los ingresos públicos y reducir presiones sobre la deuda.
Al analizar las cifras a fondo, se evidencia una contracción en los ingresos, los cuales pasaron de representar un 15,69% del PIB en el 2022 a 14,42% en el presente año.
Este retroceso refleja una baja sustancial en el impuesto sobre la renta, los tributos ligados a importaciones y exportaciones, y las transferencias.
Entre los temas sobre la mesa -coinciden ambos economistas- están: la revisión de exoneraciones, cambios en renta, ajustes en el IVA y medidas para mejorar la recaudación.
Sin embargo, la decisión final recaerá sobre lo que haga Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, y la presidenta de la República, Laura Fernández.
