La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) informó este jueves 25 de marzo que mantiene la calificación crediticia “B” con perspectiva negativa para Costa Rica y advirtió el riesgo de una rebaja en los próximos meses en caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante el cual el país pretende adquirir financiamiento.
S&P señaló que el rechazo del Servicio de Financiamiento Ampliado o de otras políticas en debate -como el proyecto de Ley de Empleo Público- para mejorar la situación económica podría generar condiciones de estrés en el mercado local, que complicarían el financiamiento para el Gobierno y un deterioro mayor de sus finanzas.
Mediante el informe divulgado esta semana, la calificadora señaló que las condiciones del mercado interno, en caso de que no se llegue a acuerdos legislativos, implicarían un riesgo adicional para la gestión de la deuda pública; y el país tendría que recurrir a financiamientos no convencionales o al Banco Central; lo que podría provocar una disminución de las calificaciones crediticias a corto y largo plazo.
Por el contrario, en un escenario favorable en el que el Congreso avance con las medidas propuestas para sanear las finanzas públicas la calificadora podría revisar a la alza la calificación del soberano.
Según señalaron, el acuerdo con el FMI y la Ley de Empleo Público, junto con la recuperación económica posterior a la pandemia, podrían respaldar la confianza de los inversores, mantener un acceso fluido en los mercados y a la inversión extranjera directa (IED), y reducir la vulnerabilidad externa del país.
Además, destacaron que el actual Gobierno tiene un margen limitado para articular y promover planes alternativos, en caso de que el acuerdo con el FMI y otros proyectos sean rechazados.
Ante el impacto tanto en la demanda interna como en el turismo por la pandemia de COVID-19, la calificadora estima que el PIB real de Costa Rica se contrajo alrededor de un 4,5%.
No obstante, tras la contracción del año anterior, S&P espera que el crecimiento del PIB promedie alrededor del 3% en 2021-2024. Asimismo, prevén que el déficit del gobierno (incluyendo Banco Central, descentralizado agencias gubernamentales y seguridad social) disminuirá hacia el 6,7% del PIB en 2021 y el 6% en 2022.
Retrasos políticos
La calificación actual de S&P refleja el desliz fiscal que Costa Rica ha experimentado durante la última década y que condujo a una deuda pública de más del 69% del PIB. El déficit fiscal, además, alcanzó un 8,3% respecto al PIB para el cierre del 2020.
Asimismo, los perfiles fiscal y externo del país muestran un panorama complicado ante la rigidez y la vulnerabilidad que enfrenta respecto a las posibilidades de financiamiento fuera del mercado local.
Por otro lado, la calificadora destacó esfuerzos como la aprobación de la reforma fiscal en el 2018, pero aseguró que el proceso también demostró la lentitud y los desafíos políticos asociados con el avance y la implementación de medidas para sanear las finanzas.
“Hubo retrasos en la aprobación de préstamos oficiales en 2020. Tales obstáculos políticos pesan sobre nuestra visión de la gestión de la deuda y la flexibilidad financiera del gobierno”, dice el informe.
Ante el panorama fiscal del país, Standar & Poor’s proyecta que las necesidades de financiamiento externo bruto de Costa Rica ronden el 104% de los ingresos por cuenta corriente y las reservas utilizables durante los próximos tres años.
El 16 de marzo anterior, la calificadora Fitch Ratings también reafirmó su calificación de ‘B’ con perspectiva negativa sobre la deuda soberana y advirtió que las débiles finanzas públicas y la falta de consolidación política a nivel nacional ponen en riesgo la capacidad de financiamiento con el FMI.