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La recaudación del tributo a las personas jurídicas empezó su declive este año, aun cuando la suspensión del cobro aplica hasta el 2016, por disposición de la Sala IV.
La morosidad de las sociedades en el pago del impuesto generó este año un faltante en el rubro de impuestos a la propiedad del Gobierno y también dio un golpe al presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, pues buena parte de esos fondos se utilizan para equipar a la policía.
El tributo estaba vigente desde hace tres años, pero en enero pasado la Sala IV lo declaró inconstitucional y sin efecto a partir de 2016. Esto luego de que se modificara la gestión de cobro sin cumplir con el proceso de divulgación pertinente.
Tras el pronunciamiento de la Sala, el 40% de las sociedades inscritas ha evadido el pago este año, cuando aún rige el cobro y aunque esto conlleve recargos en el impuesto y otras sanciones.
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De momento, para el 2016 el Ministerio de Hacienda decidió girar una parte de los fondos a Seguridad, los cuales serán financiados con la colocación de bonos.
Desde marzo pasado existe un proyecto de ley (No. 19.505) para revivir el impuesto en el Congreso.
La propuesta no varía el fondo de la recaudación del impuesto, ya que, como ahora, sería pagado por todas las sociedades activas e inactivas, así como personas jurídicas extranjeras con sucursales o apoderados inscritos en el país.
Lo que está por definirse es cómo será el procedimiento de cobro y quién lo cobrará, si Hacienda o el Registro Nacional.
El proyecto se encuentra en una subcomisión de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios y, este martes 1 de diciembre, los asesores legislativos se reunirán para definir el informe que se presentaría a la comisión para su análisis.
El objetivo es incorporarlo en sesiones extraordinarias que convocaría el Poder Ejecutivo en diciembre próximo.
Si el gravamen se aprueba, Seguridad Pública podría compensar el faltante de recursos, ya que recibe el 95% del dinero recaudado; el 5% restante llega al Ministerio de Justicia y Paz.
Morosidad redujo ingreso
Por el momento, la Sala determinó que, a partir del próximo año, las sociedades no deberán pagar el impuesto, pero una amplia lista de entidades decidió omitir esta obligación este 2015.
De las 553.186 sociedades inscritas en el Registro Nacional, 227.307 (40%) se encontraban en condición de morosidad, a mediados de octubre pasado. De esa cifra, el 63% (144.279) estaban ubicadas en San José, y el 10% en Alajuela.
Las entidades cuestionaron que la Sala IV encontrara el impuesto inconstitucional pero pidió que se mantuviera el cobro durante el 2015, comentó Bernardita Marín, viceministra administrativa de Seguridad.
La recaudación total del impuesto debería rondar los ¢45.000 millones por año, que serían utilizados en su mayoría para la seguridad ciudadana, en la compra de patrullas, uniformes, armas, alimentación y otros.
Sin embargo, la morosidad de las sociedades redujo el ingreso.
A octubre pasado, el impuesto reportó un ingreso de ¢31.002,7 millones, 17,7% menos respecto del mismo corte de 2014.
Entre tanto, Hacienda sí previó los efectos de la ausencia del tributo en 2016.
Con la aprobación del presupuesto de la República del próximo año, el Ministerio de Seguridad recibirá ¢215.184 millones, solo ¢20.000 millones menos que lo pactado para el año en curso.
Aunque no tendrá disponibles los ¢40.000 millones del impuesto, para reducir el impacto, Hacienda optó por entregar al menos ¢20.000 millones adicionales.
Ese monto se gestionará mediante una colocación de bonos de deuda, explicó Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos.
Agregó que, a sabiendas de la preocupación de la ciudadanía sobre la seguridad del país, se decidió evitar que la reducción de recursos fuera mayor.
Lo anterior, aún considerando que la ejecución de recursos de Seguridad se ha ubicado por debajo de lo que acordado en el presupuesto.
En 2014, el Ministerio de Seguridad ejecutó ¢188.206 millones, y en 2013 la cifra fue de ¢177.180 millones, explicó, por su parte, José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos.
