EscucharDurante los últimos años, la comunidad internacional, liderada por la OCDE y el G20, han trabajado en un acuerdo para transformar la fiscalidad global. El ambicioso objetivo era claro: asegurar que las mayores empresas multinacionales, sin importar dónde operen, paguen un impuesto mínimo del 15% y así poner fin a la era de los paraísos fiscales.
Jurisdicciones como la Unión Europea y el Reino Unido ya adoptaron este compromiso. Sin embargo, la plena implementación del pacto estuvo en vilo debido a la firme oposición de Estados Unidos (EE. UU.), cuyo Congreso nunca llegó a ratificar la medida.
Ahora, el Gobierno de Estados Unidos retirará de su proyecto de legislación presupuestaria el apartado conocido como “Sección 899” o popularmente como “impuesto de venganza”, después de alcanzar un acuerdo con el G7 para que la tasa mínima del impuesto de sociedades del 15% para las multinacionales auspiciada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no se aplique a las empresas estadounidenses.
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció en una serie de publicaciones en la red social X que los impuestos del conocido como Pilar 2 de la OCDE “no se aplicarán a las empresas estadounidenses”, agradeciendo a sus homólogos del G7 “su colaboración para lograr este resultado histórico”.
“Trabajaremos en cooperación para implementar este acuerdo en el Marco Inclusivo de la OCDE y el G20 en las próximas semanas y meses”, añadió el responsable del Tesoro de EE. UU., para quien el entendimiento con los socios del G7 proporciona mayor certidumbre y estabilidad a la economía global y fomentará el crecimiento y la inversión en Estados Unidos y más allá.
“Al revertir los compromisos imprudentes de la Administración Biden, ahora estamos protegiendo la autoridad de nuestra nación para promulgar políticas fiscales que beneficien los intereses de las empresas y los trabajadores estadounidenses”, añadió.
Asimismo, el secretario del Tesoro de EE. UU. calcula que el país logrará preservar así su base imponible, “evitando la pérdida de más de $100.000 millones (85.444 millones de euros) de los contribuyentes estadounidenses”.
De este modo, Bessent anunció que, sobre la base de este progreso y entendimiento, solicitó al Senado y a la Cámara de Representantes “que retiren la medida de protección de la Sección 899” del Proyecto de Ley ‘Uno, Grande, Hermoso’, por el que Washington se reservaba el derecho a tomar represalias a compañías e inversores de países que aplicasen el impuesto mínimo de sociedades del 15% a las multinacionales de EE. UU.
En cualquier caso, avisó que la Administración Trump se mantiene alerta contra todos los impuestos extranjeros discriminatorios y extraterritoriales aplicados a los estadounidenses.
“Defenderemos nuestra soberanía fiscal y nos opondremos a los intentos de crear condiciones de competencia desiguales para nuestros ciudadanos y empresas”, ha apostillado.
En respuesta al anuncio de Bessent, la ministra británica de Hacienda, Rachel Reeves, comentó también a través de su perfil en X que se trata de una acción importante del secretario del Tesoro de EE. UU., tras un intenso esfuerzo colectivo, “que brinda certidumbre a las empresas”.
Entre las primeras decisiones de Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca destacó la orden, emitida el primer día de su segundo mandato presidencial, de dejar sin efecto cualquier compromiso del país en relación con el Acuerdo Fiscal Global impulsado por la OCDE, que fija un gravamen mínimo del 15% a nivel global para aquellas empresas con una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros.
“El Acuerdo Fiscal Global de la OCDE, apoyado por la administración anterior, no sólo permite la jurisdicción extraterritorial sobre los ingresos estadounidenses, sino que también limita la capacidad de nuestra nación para promulgar políticas fiscales que sirvan a los intereses de las empresas y los trabajadores estadounidenses”, afirmó el presidente estadounidense en su orden.
