Los investigadores quisieran enterrarlos pero los Estados los aprovechan. Los créditos carbono, que permiten a las empresas compensar sus emisiones de CO2 y promover vuelos, champú o café “neutros”, podrían ganar terrenos en la COP28.
"La ausencia de normas, regulaciones y rigor en el mercado voluntario de créditos carbono es muy preocupante" y este instrumento no debe "minar los esfuerzos reales de reducción de las emisiones", había dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante 27ª conferencia de la ONU sobre el clima.
Criticados desde su nacimiento luego del Protocolo de Kioto (COP3 en 1997), los créditos carbono vivieron su annus horribilis en 2022-2023, del cual salieron con la credibilidad manchada por varias investigaciones periodísticas y estudios científicos.
En concreto, proyectos que permiten proteger tierras de la deforestación, reemplazar cocinas de leña o instalar parques eólicos en lugar de una central termoeléctrica a carbón afirman absorber o almacenar más C02 que si no existiesen, y asocian crédito carbono a ese dióxido de carbono, bajo ciertas condiciones.
Un crédito equivale a una tonelada de CO2 que no entró en la atmósfera o fue retirada de ella, y puede comprarlo una empresa para permitirse "compensar" sus propias emisiones de dióxido de carbono, es decir reducir en los papeles su huella digital.
“He estudiado la calidad de los créditos carbono desde hace 20 años y siempre ha sido mediocre”, afirma a la AFP Barbara Haya, directora del Berkeley Carbon Trading Project.
El estudio sobre proyectos de deforestación que llevó a cabo su equipo es implacable.
La reducción de las emisiones y los beneficios de los proyectos están sobreestimados y los derechos de las comunidades locales a menudo vulnerados. La independencia de los inspectores encargados de evaluar los proyectos no está garantizada. Y las metodologías de los certificadores (Verra, Gold Standard...) que permiten vender créditos carbono son laxistas.
“A todos los actores les conviene que se cree un máximo de créditos carbono”, agrega la investigadora. Conclusión: se emiten demasiados créditos y la mayoría no permite las reducciones de emisiones prometidas.
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“Dar credibilidad”
Frente a las críticas, el precio de los créditos carbono se desplomó y pasó para aquellos asociados a proyectos de protección de la naturaleza de $18 por tonelada en enero de 2022 a $6 en enero de 2023 y a menos de $2 a mediados de octubre.
Tras un techo de más de 350 millones de créditos emitidos en 2021, los volúmenes retrocedieron levemente en 2022 y 2023, pero siguen por encima de los niveles anteriores a 2020. Según las proyecciones de la agencia financiera Bloomberg, podrían alcanzar los 8.000 millones en 2050.
Pero las empresas no son las únicas que hace promesas sobre la neutralidad carbono. El artículo 6 del Acuerdo de París, cuyos detalles serán negociados en la COP28, podría permitir a los Estados invertir de manera masiva en el mercado de los créditos carbono.
Los países en desarrollo cuentan con eso para financiarse. “Es difícil decirles simplemente ‘basta’”, admite una experta francesa de las negociaciones climáticas. Y las petroleras ven en los créditos carbono un medio barato de avanzar hacia “emisión neta cero”.
La presidencia emiratí de la COP28, organizada en Dubái, espera "progresos" para "dar credibilidad a los mercados (de créditos) carbono".
Arabia Saudita ya anunció un mecanismo nacional de compensación de las emisiones de sus empresas "alineado con el artículo 6" del Acuerdo de París.
Ecoimpostura “a gran escala”
Los medios informaron también de la preparación de un acuerdo para que Libera entregue la protección de sus bosques tropicales en un 10% de su territorio a una empresa emiratí presidida por un miembro de la familia en el poder en Dubái, con el objetivo de que obtenga créditos carbono.
"El activismo" de esos países podría conducir a "operaciones de ecoimpostura a gran escala", afirma Alain Karsenty, economista del Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para la Desarrollo.
Investigadores y oenegés se pronuncian por el final de la compensación para pasar a una lógica de “contribución”: empresas y Estados que financien proyectos necesarios para la reducción de emisiones sin utilizar créditos carbono para clamar una ilusoria neutralidad carbono.
Frente a esta perspectiva casi utópica, Barbara Haya impulsa una reescritura de las metodologías por parte de expertos independientes auditorías "sin conflicto de interés" y una transparencia en los datos.
“¿Es posible en el marco del sistema de la ONU? Sería necesario que tengan la voluntad de hacerlo. Y lo que me preocupa es que las negociaciones parecer ir en la dirección contraria”, concluye la investigara.
