EscucharBajo un bloque de cemento sin ninguna inscripción en un cementerio de Nairobi descansan los restos de Judy, una trabajadora sexual keniana seropositiva, víctima de los recortes de la ayuda humanitaria estadounidense.
El personal sanitario afirma que Judy gozaba de buena salud hasta que el presupuesto de ayuda estadounidense fue recortado drásticamente a principios de 2025, al comienzo del segundo mandato de Donald Trump. Murió el mes pasado, horas antes de una cita prevista con la AFP.
La AFP ha podido confirmar la muerte de al menos 24 trabajadoras sexuales en Kenia con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que, como Judy, tenían la enfermedad bajo control hasta el año pasado. El número real de víctimas probablemente sea mucho más alto.
Las oenegés en el terreno advierten de un fuerte repunte de las infecciones por VIH entre trabajadoras sexuales que pueden conducir a un “catastrófico” aumento de casos en la población.
Durante mucho tiempo, Estados Unidos fue el principal donante del sistema sanitario de Kenia. Pero la administración Trump retiró su apoyo a numerosas ONG y estableció reglas para evitar que promuevan cuestiones a las que ellos se oponen.
Un informe de julio de 2026 de la Fundación para la Investigación del Sida (amfAR) señaló que un 73% de las organizaciones financiadas por Washington se vieron obligadas a dejar de atender a “poblaciones clave”, como trabajadoras sexuales, comunidades LGBT o personas adictas.
Kenia contaba con decenas de clínicas dirigidas específicamente a trabajadoras sexuales, que proporcionaban medicamentos antirretrovirales, preservativos y otros tratamientos preventivos. La mayoría han cerrado ya.
Las autoridades estiman que hay 285.000 mujeres dedicadas a la prostitución en ese país de África oriental, con una tasa de prevalencia del VIH del 27,5%.
Décadas de avances están en peligro, declaró a la AFP la directora de ONUSIDA, Winnie Byanyima.
“Esta es la interrupción más grave en la respuesta al VIH desde que el mundo se unió para combatir esta enfermedad”, afirmó.
Estigma
Casi 1,5 millones de personas, el 3,2% de la población de Kenia, viven con VIH.
Judy, de 36 años, fue diagnosticada en 2017, según su amiga Diana, también trabajadora sexual.
Pudo sobrellevar la situación con la ayuda del Bar Hostess Empowerment and Support Programme (BHESP), una ONG que apoya a las trabajadoras sexuales y que le llevaba medicamentos, preservativos y, a veces, comida al barrio marginal de Mathare, en Nairobi, donde vivía.
Como la mayoría de las trabajadoras sexuales en Kenia, Judy vivía en la pobreza extrema. A veces vendía sexo por 50 o 100 chelines kenianos (40 u 80 centavos de dólar) o a cambio de comida para sus cuatro hijos.
No podía costear el transporte para ir por sí misma a una clínica de BHESP, así que cuando la ONG perdió su financiación con el desmantelamiento de la agencia estadounidense de desarrollo Usaid el año pasado y sus equipos en el terreno fueron despedidos, Judy se quedó sin apoyo.
Muchas trabajadoras sexuales afirman sentir pánico de acudir a los hospitales públicos, debido al estigma presente en este país conservador y de mayoría cristiana.
También temen que los vecinos se enteren de su diagnóstico y conviertan a ellas y a sus hijos en parias.
“Orden de defunción”
Judy dejó de tomar su medicación y su sistema inmunitario colapsó. “Tenía llagas... Su piel estaba tan áspera”, dijo Diana.
La AFP solo ofrece los nombres de pila de las entrevistadas para proteger su identidad.
Además de Judy, BHESP tiene constancia de otras dos trabajadoras sexuales seropositivas fallecidas en Mathare. Diana asegura que hay otras víctimas en zonas vecinas.
La suspensión de actividades ordenada por Washington “es una orden de defunción”, dijo Daisy Kwala, directora de programas de BHESP.
La ONG tenía dos centros financiados por Usaid. El primero cerró en septiembre de 2025 y el segundo lo hará a finales de este mes.
Esas clínicas atendían a 14.500 trabajadoras sexuales. Unas 12.000 desaparecieron del radar de BHESP, incluidas 2.300 con VIH.
Kenia había logrado grandes avances en la lucha contra el sida junto con sus socios internacionales, señaló Douglas Bosire, director del Consejo Nacional de Control de Enfermedades Sindémicas.
Las nuevas infecciones cayeron de 110.000 en 2005 a 13.936 en 2025, apuntó.
Pero “existe el riesgo de que revertamos estos avances si no conseguimos rápidamente que esta población clave (las trabajadoras sexuales) acuda a los centros de salud públicos”, advirtió.
Otra ONG de Nairobi que monitorea a unas 45.000 personas en la profesión, Sex Workers Outreach Programme (SWOP), también cerró la mitad de sus clínicas debido a los recortes de Usaid.
Según sus datos, el número de nuevas infecciones entre las personas a las que atiende aumentó un 48% en la primera mitad de 2026 respecto al mismo período de 2024.
En el único centro todavía operativo de BHESP, la tasa de infección incrementó 14 veces entre 2024 y 2026.
Unos controles menos regulares por la falta de clínicas implica que los pacientes llegan con la enfermedad más avanzada y una carga viral más alta.
“Llegan tarde al tratamiento y, antes de hacerlo, habrán transmitido más VIH a sus clientes en la comunidad”, dijo la enfermera de BHESP, Sharon Lagat.
Esos clientes “son nuestros padres, nuestros esposos, nuestros amigos, así que definitivamente, al final del día, el virus llegará a nuestros hogares”.
Doctor Muerte
El doctor Joshua Kimani, el reconocido director clínico y de investigación de SWOP, teme “volver a donde estábamos en la década de 1990”, con las infecciones “fuera de control”.
Curtido en la lucha contra el virus, recuerda 1998 como su “peor año”. “Me convertí en el ‘Dr. Muerte’ por decirle a la gente que se fuera a casa, que muriera en su casa”.
“No quiero volver a eso”, dijo a la AFP.
Afirmó que el aumento de infecciones entre las trabajadoras sexuales hará crecer los casos en la población general.
“No podemos salir de esta epidemia solo con tratamiento. Necesitamos prevención”, señaló.
Pero, según Bosire, del centro nacional de control, el gobierno solo pudo presupuestar 200 millones de los 500 millones de preservativos que necesita distribuir gratuitamente cada año.
Las trabajadoras sexuales raramente pueden permitirse un paquete de tres condones, que cuestan unos 100 chelinos (0,80 dólares).
Pero “ofrecerán sexo de todos modos, se citarán con entre 6 y 10 personas al día, y eso pone a toda la comunidad en riesgo”, dijo Kwala.
“¡Puf!, se fue”
Abrumada por el dolor, Cecilia llora a su amiga Beatrice, trabajadora sexual como ella.
Beatrice, de 43 años, suspendió sus antirretrovirales cuando los empleados de BHESP dejaron de visitar Mathare. No quería ir a una clínica pública por el miedo que podían enfrentar ella y sus hijos.
“Empezó a deteriorarse”, cuenta Cecilia. Y “luego, ¡puf!, se fue”.
Beatrice murió en su cama el 24 de agosto de 2025. Su hermana Rosemary, de 29 años, también trabajadora sexual con VIH, murió un año después.
Cecilia implora al presidente Trump que revierta los recortes y “nos devuelva lo que teníamos”. “Por favor, estaríamos muy felices”, dice con un hilo de voz.
Frank Garcia, subsecretario adjunto para África del gobierno de Trump, visitó Nairobi el 9 de septiembre, en parte para promover una nueva asociación sanitaria basada en “comercio, no ayuda”.
También se desentendió de cualquier responsabilidad de su país en las muertes entre las trabajadoras sexuales con VIH.
“Rechazo por completo la narrativa de que (...) la nación más generosa del mundo en lo que respecta a investigaciones sobre el sida, financiación contra el sida y distribución de metodologías que salvan vidas, tenga de algún modo responsabilidad en eso”, dijo a la AFP.
