EscucharLa creciente tendencia de los comercios pet friendly en Costa Rica transformó la experiencia de compra para miles de dueños de mascotas, permitiéndoles integrar a sus animales de compañía en actividades cotidianas.
Sin embargo, esta apertura también expone un complejo vacío en cuanto a la responsabilidad legal cuando ocurren incidentes, como ataques a personas u otros animales dentro de estos establecimientos.
La pregunta clave que surge es: ¿quién asume los costos y las consecuencias legales?
La legislación costarricense es clara al señalar al propietario del animal como el principal responsable, pero los expertos advierten que los comercios que se declaran pet friendly también adquieren una cuota de responsabilidad por negligencia si no cuentan con los protocolos adecuados.
Un reciente y sonado caso en un centro comercial del Gran Área Metropolitana (GAM) pone este debate en el centro de la atención pública. Un niño de 7 años resultó herido tras ser atacado por un perro de raza pitbull en las instalaciones de Multiplaza Escazú, un suceso que activa las alarmas sobre la seguridad en este tipo de locales.
La madre del menor denunció no solo el ataque, sino también una aparente falta de protocolos de emergencia y una demora en la atención médica por parte del centro comercial.
Este evento sirve como un catalizador para analizar a fondo las obligaciones que asumen tanto los dueños de las mascotas como las empresas.
La responsabilidad legal: del dueño al comercio
La base de la responsabilidad en Costa Rica se encuentra en el artículo 1045 del Código Civil, que establece que “todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”.
Esta responsabilidad recae directamente sobre el propietario, poseedor o encargado del animal, incluso si este se escapa.
La legislación penal también contempla sanciones. El artículo 130 bis del Código Penal tipifica el “descuido con animales”, con penas que van desde los 3 meses de prisión hasta 1 año si se causan daños físicos a una persona.
En casos fatales, la negligencia del dueño podría derivar en una acusación por homicidio culposo, con penas de hasta 8 años de cárcel.
Sin embargo, cuando el incidente ocurre en un local comercial que se promociona como pet friendly, la responsabilidad puede ser compartida.
Según el abogado Boris Acosta, consultado por La Teja, “si el negocio me autoriza a llevar mis perros y no tiene una política reglada con protocolos sobre recibir mascotas, es de por sí responsable solidario por negligencia”.
Esto significa que la víctima puede presentar una acción civil para buscar una indemnización económica no solo contra el dueño del perro, sino también, de forma solidaria, contra la empresa que permite la presencia de mascotas en su recinto.
Un fallo en 2024 del Tribunal de Apelación Civil de San José, en un caso de un ataque de un perro a otro, reafirmó la obligación de los dueños de contar con mecanismos de retención adecuados y de reparar los daños causados por su negligencia.
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