EscucharLa Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) sancionó a dos empresas del sector farmacéutico nacional por violar el artículo 11 incisos d) y f) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (7472), en una licitación de la Caja Costarricense de Seguro Social, para el despacho de recetas de medicamentos.
Según este artículo de la Ley 7472, penaliza las prácticas monopolísticas absolutas, que son los actos, contratos, convenios, arreglos o las combinaciones entre agentes económicos competidores actuales o potenciales entre sí.
Según la Coprocom, las prácticas monopolísticas absolutas también conocidas como acuerdos horizontales, carteles duros o acuerdos colusorios; son consideradas las más perniciosas para la competencia porque conllevan una pérdida neta de bienestar social y los consumidores son los más perjudicados.
“En el procedimiento realizado de oficio por la Coprocom, se confirmó que dos empresas del sector farmacéutico, a saber, Drugstore Holding Pharmacy Hard S.A. y Zegen Pharma S.A., actuaron de manera concertada para manipular un proceso de licitación pública de la CCSS, al evidenciarse la existencia de coordinación e interacción previa entre las empresas durante el proceso de preparación de las ofertas”, se lee en el reporte de la comisión.
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Para imponer la sanción se determinó que los documentos presentados por ambas contenían coincidencias extraordinarias que no pudieron explicarse como simples errores administrativos o inexperiencia, tales como: redacción idéntica en apartados técnicos y económicos, errores ortográficos replicados en múltiples celdas de las ofertas, menciones cruzadas entre los nombres de las empresas en documentos que debieron haber sido elaborados de manera independiente.
“Desde un punto de vista económico, la colusión genera costos indirectos al sistema, como una mayor carga administrativa, la pérdida de confianza en los procesos de contratación pública y la desmotivación de otros participantes potenciales. Además, no se puede ignorar que, de no haber sido detectada la colusión, una de las empresas podría haber logrado adjudicarse el contrato”, dijo Viviana Blanco, presidenta de la Coprocom.
Las sanciones
El total de las sanciones económicas impuestas a ambas empresas superan los ȼ12 millones. Además, las involucradas tienen prohibido participar, bajo cualquier modalidad, en cualquier tipo de contratación administrativa con entidades públicas durante un plazo de dos años.
