Crisis de inseguridad: estos son los negocios más afectados y los delitos más comunes en Costa Rica

Los datos consolidados de denuncias que registra el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sirven para analizar la situación general del país. Bucear entre ellos y desagregarlos permite distinguir algunas dinámicas.

Por ejemplo, de estos datos se desprenden conclusiones como qué tipo de negocios son los que más denuncian ser víctimas de delitos, cuáles tipos de delitos son los más comunes en esas quejas, y dónde es más usual que ocurran.

La inseguridad es un mal que golpea al comercio desde distintos frentes. Entre otros efectos, provoca la pérdida de productos, costos adicionales por previsiones y daños reputacionales, al tiempo que desincentiva la inversión extranjera y el turismo. Además, es un mal que golpea con mayor fuerza a los pequeños negocios, que en su mayoría no tienen la capacidad económica para costear servicios de vigilancia privados, según los registros de la Cámara de Comercio.

EF revisó los datos de las autoridades policiales sobre denuncias de delitos relacionados con actividades comerciales en los últimos ocho años. Esta es la radiografía que encontramos.

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¿Cómo está la criminalidad contra el comercio?

Las denuncias por asaltos, robos y sustracción de contenedores a empresas o negocios se redujeron en 2020, coincidentemente con la pandemia de covid-19, que obligó a cerrar múltiples negocios para frenar la propagación del virus.

No obstante, ya en 2022 se evidenció un incremento en todas esas cifras.

Los robos a negocios fueron 4.385, los asaltos fueron 866 y las sustracciones de contenedores 130. Esos números superaron en hasta 81, 10 y 39 los de 2020 respectivamente, y hasta 397, 4, y 17 los de 2021.

¿Cuál es la diferencia entre asaltos y robos? En los primeros siempre hay uso de la fuerza en contra de personas para la sustracción de los bienes, mientras que en los segundos no. Los robos son todavía más comunes que los asaltos.

En cuanto al año en curso (2023), los datos actualizados hasta setiembre son todavía un 20% más bajos en todos los casos (robos, asaltos y sustracciones) que los del año pasado, pero falta por observar cómo se desarrollarán los registros del último trimestre.

Este dato difiere en la comparación con los registros de homicidios en el país. Costa Rica alcanzó los 655 casos de este delito desde el 22 de septiembre pasado (la mayor cifra histórica del país) y cerraría por encima de los 900, para una histórica tasa de más de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, según las proyecciones oficiales.

Este período del año implica mayores retos para las autoridades por el incentivo que representa para la criminalidad el mayor flujo de dinero por las celebraciones navideñas y de fin de año.

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¿Qué tipos de negocios son los más afectados?

Usando como referencia los datos de denuncias de 2015 a setiembre de 2023, es posible llegar a dos conclusiones. Los negocios que más denuncian asaltos son pulperías o minisúpers y restaurantes (un 23,4% y un 13,5% de las denuncias corresponden a ellos); mientras que los más susceptibles a robos son bodegas o almacenes, centros educativos y espacios de oficina (18,4%, 14,1% y 13,9%).

En total, en ese período, el OIJ registró 9.621 denuncias comerciales de asaltos y 38.747 de robos totales.

¿Cuáles son los mecanismos de robo y asalto más comunes?

De las cifras de las denuncias acumuladas desde el 2015 también es posible saber cuál es la modalidad más común de asaltos y de robos a comercios.

La gran mayoría de los negocios que denunciaron asaltos reportaron el uso de armas de fuego o armas blancas, mientras que en el caso de las denuncias de robos, se alertó sobre “forzaduras” y aperturas de puertas o ventanas.

¿Dónde hay más denuncias?

Los datos también permiten determinar en cuáles provincias hay una mayor cantidad de registros por cada tipo de delito. No obstante, estos datos también dependen de la densidad de ciertos negocios como bodegas, predios para contenedores o almacenes fiscales.

Estas son las cifras:

• Un 22,1% de las denuncias de robo de negocios ocurren en la provincia de Alajuela, un 21,6% en San José y un 14,2% en Puntarenas.
• Un 36,9% de las denuncias de asalto ocurren en San José, un 16,9% en Limón y un 14,3% en Alajuela.
• Un 32,1% de las sustracciones de contenedores se registran en Limón y un 31,3% en Alajuela.

Encarecimiento de operaciones

Todos estos datos de delincuencia repercuten en el encarecimiento de los bienes y servicios que se negocian internamente en el país o que se exportan.

No es lo mismo para un negocio operar y producir sus bienes o servicios en un escenario en el que no tiene que preocuparse por el pago de montos mayores en la seguridad de sus actividades comerciales, que en uno en el que los costos deben contemplar mayores controles en vigilancia física, por videocámaras u otros mecanismos.

Según explicaron los voceros de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), con base en su Encuesta Anual de Industriales de este 2023, el aumento de la inseguridad en el país es un factor que incide negativamente en la competitividad de las empresas, las cuales ya lo reconocen de esta manera por su propia cuenta.

“Específicamente, el tema ‘seguridad ciudadana’ pasó de ser señalado por un 33,1% de los encuestados en el 2022 a un 43,3% en el 2023, como factor que afecta la competitividad de las empresas”. explicó Sergio Capón, presidente del organismo. “Fue el tercer factor que más creció en menciones detrás del tipo de cambio y la disponibilidad del recurso humano en el mercado”, añadió.

Esto ocurre porque la inseguridad es un factor que altera las cadenas logísticas y las hace más costosas.

“El aumento en la inseguridad afecta toda la cadena logística, desde los gastos asociados a la seguridad de la carga en tránsito terrestre hasta los servicios de seguridad en las instalaciones, y mecanismos para coadyuvar en la seguridad de sus colaboradores. Por ejemplo, recientemente se ha identificado un aumento en la incidencia del robo de contenedores y el comercio ilícito, actividades que se encuentran ligadas a estructuras de crimen organizado, por lo que debe fortalecerse la investigación y sanción de estas prácticas”, indicó Capón.

La preocupación por el deterioro de la seguridad del país también la comparte la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).

Según registros de esta entidad, el 30% de los comercios costarricenses sufre algún tipo de delincuencia cada año y solo el 11% de los pequeños negocios puede costear servicios permanentes de seguridad, lo cual pone en riesgo a trabajadores y clientes al mismo tiempo. Para llegar a estas conclusiones, la entidad desarrolla sus propias encuestas con afiliados.

Además, los gastos por seguridad son un gran peso para quienes sí pueden pagarlos. Se estima que los negocios más pequeños pagan en promedio unos ¢450.000 anuales en seguridad; mientras que las empresas más grandes tienen que destinar hasta unos ¢38 millones anuales.

Julio Castilla, presidente de la Cámara, aseguró que en el país se deben tomar medidas claras que desincentiven la criminalidad. “Si queremos disminuir la inseguridad, es importante que quienes ponen en riesgo nuestra seguridad sean juzgados por sus acciones de manera que existan consecuencias para quienes infringen la ley”, afirmó sobre el tema.

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Cobro de peajes y secuestros

EF también consultó al OIJ información relacionada con el cobro de peajes o tributos como extorsión por salir a trabajar o permitir el funcionamiento de un negocio; sin embargo, la entidad no brindó los detalles hasta el cierre de esta edición.

Aún así, el director de la policía judicial, Randall Zúñiga, había manifestado el 6 de octubre pasado que los registros sobre dicho tipo de actividad criminal vienen en aumento, aunque todavía están muy lejos de representar un mal generalizado en el territorio costarricense.

Comparó el caso con el de un diagnóstico de cáncer, que debe atacarse en sus fases más tempranas en lugar de esperar hasta que se disemine por todo el cuerpo.

“Entre más rápido se dé la situación de que nos permitan a nosotros generar una contraofensiva contra estos grupos criminales, más fácil va a ser la solución”, afirmó, en referencia sobre la necesidad de contar con más recursos para atacar a los crímenes organizados.

Según publicó semanario Universidad, con base en datos del OIJ hasta mediados de septiembre, las denuncias por ese delito eran 19 en lo que iba del año: siete más que en 2021 y 12 más que en 2022.

Sin embargo, las denuncias son solo eso. Puede haber muchos casos adicionales de personas que sufren el mismo tipo de acoso y no lo comunican a las autoridades por amenazas.

La información que sí suministró a tiempo el OIJ a EF fue el registro de secuestros, que también vienen en aumento.

Las denuncias por ese delito fueron 16 en el año 2022 y ya se contabilizan 10 en este 2023. La cifra del año pasado fue la más alta de todo el período de ocho años revisado por este medio.

Estas cifras podrían estar subregistradas, si se toma en cuenta que muchas veces las bandas criminales piden expresamente no denunciar los casos a las autoridades.

Tanto los peajes como los secuestros son métodos de extorsión que, de una u otra manera, pueden estar relacionados con la actividad comercial de las víctimas.

En cuanto a los peajes, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, lo había atribuido en entrevista con La Nación a lo que él llama una “mexicanización” de la delincuencia en Costa Rica.

“Es un fenómeno que va aparejado a las zonas donde los grupos de narcotráfico ejercen control. Lo tenemos identificado en barrios del sur de San José, donde los sujetos cobran para ingresar allí. Es un elemento que indica gobernanza criminal sobre territorios”, afirmó en entrevista con ese medio.

El director del OIJ explicó que hasta ahora la mayoría de los casos resueltos en esa materia apuntan a personas que aprovechan la criminalidad en el país para hacerse pasar por miembros de estructuras criminales e imponerse a partir del miedo que genera esa relación.

Más allá de eso, los datos evidencian un aumento en todos los indicadores. Es una tendencia sostenida que acompaña a la crisis de homicidios que vive el país, en buena medida sustentada por las operaciones del narcotráfico y otras actividades de crimen organizado.