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La vacuna anti COVID-19 de AstraZeneca ha protagonizado varias crisis políticas y de reputación, e incluso fue retirada o limitada en varios países. Foto: AFP (OLI SCARFF/AFP)
La Unión Europea (UE) denunció formalmente el miércoles 26 de mayo a AstraZeneca por “violación flagrante” del contrato por la compra de vacunas contra COVID-19 y por no haber movilizado rápidamente esfuerzos para entregar dosis a los países del bloque.
Esta denuncia es el primer capítulo de la batalla entre UE y AstraZeneca por los importantes retrasos del laboratorio para distribuir las dosis a las que se habría comprometido en el contrato.
Los abogados de ambas partes se vieron frente a frente ante un juez de medidas provisionales en el tribunal de primera instancia francófono de Bruselas. De ser necesario, se celebrará otra audiencia el viernes, según el tribunal.
AstraZeneca entregó en el primer trimestre sólo 30 millones de las 120 millones de dosis que estaba obligado contractualmente a suministrar. Para el segundo trimestre sólo prevé entregar 70 millones de los 180 millones inicialmente prometidos.
En ese cuadro, la UE solició se aplique a AstraZeneca una multa de por lo menos 10 millones de euros (unos $12 millones), más una penalidad adicional de “10 euros por dosis por día de retraso” si no se respeta el calendario de entregas.
El 26 de abril, la Comisión Europea, que negoció los pedidos en nombre de los Estados miembros, anunció que había recurrido a la justicia para arbitrar el conflicto con el laboratorio anglo-sueco, que suministra una de las cuatro vacunas anticovid actualmente autorizadas en la UE.
Los 27 países miembros reclaman recibir las dosis prometidas para el primer trimestre de 2021. Según la Comisión, el contrato expira a mediados de junio. La UE considera que el laboratorio tendrá que pagar multas si no cumple este calendario.
"Lo que nos importa en este caso es garantizar la entrega rápida de un número suficiente de dosis a las que tienen derecho los ciudadanos europeos y que se nos prometieron en base al contrato", había justificado entonces el vocero de la Comisión Europea.
La agria controversia entre el laboratorio y la UE se apoya en la interpretación de dos aspectos centrales del contrato: de un lado, el origen de las vacunas para los países europeos y, del otro, la noción del "mejor esfuerzo razonable".
Para Rafael Jafferali, uno de los abogados de la Comisión, "el mejor esfuerzo razonable implica flexibilidad", y recordó que durante varias semanas una fábrica de AstraZenca en Holanda suministró dosis a otros mercados en vez de la UE.
En total "50 millones de dosis han sido desviadas hacia terceros países en violación flagrante del contrato", acusó.
Procedimiento “sin fundamento”
Los europeos reprochan al laboratorio farmacéutico -asociado a la Universidad de Oxford en la elaboración de la vacuna- no haber utilizado para las entregas a la UE sus dos plantas británicas, mencionadas en el contrato.
AstraZeneca trabaja con otras dos plantas en territorio de la UE, situadas en Holanda y Bélgica, pero Bruselas considera que las dosis producidas en territorio británico también debían ser incluidas en las entregas debidas a los países europeos.
Para la UE, el laboratorio privilegió el abastecimiento de dosis al Reino Unido en detrimento de sus obligaciones en el bloque y argumenta, además, que comprometió recursos europeos para el desarrollo de la vacuna y la ampliación de las capacidades industriales del laboratorio.
Un funcionario de la Comisión Europea cercano al caso dijo a la AFP que AstraZeneca entrega actualmente un promedio de 10 millones de dosis por mes, muy por debajo del ritmo previsto.
El grupo niega haber incumplido sus obligaciones y ha denunciado un procedimiento "sin fundamento".
"No hay obligación de utilizar sitios [de producción]: quizás sea lo que la Comisión desea, pero no está previsto en el contrato", replicó Hakim Boularbah, abogado de AstraZeneca, en una audiencia de procedimiento el 28 de abril.
Esta audiencia judicial ocurre en momentos en que la vacuna de AstraZeneca enfrenta una clara desconfianza entre ciudadanos europeos por los muy raros casos de trombosis que puede provocar.
Dinamarca, Noruega y Austria han renunciado a utilizarla para sus campañas de vacunación. La mayoría de los demás países han limitado su administración a los adultos de más edad.
