Lo que busca la medida es que los profesionales puedan cobrar un monto inferior al mínimo que establece el colegio profesional respectivo para la prestación de servicios a particulares y compañías. De esta manera estiman que se reducirá el costo de la vida para las personas y de producción para las empresas.

Los 11 grupos son:

• Abogados.
• Terapeutas.
• Ingenieros químicos y profesionales afines.
• Geólogos.
• Contadores públicos.
• Ingenieros y arquitectos físicos.
• Microbiólogos y químicos clínicos.
• Biólogos.
• Físicos.
• Químicos.
• Nutricionistas.

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“Esto tiene implicaciones para la gente. Terminamos con la prohibición para que los profesionales puedan cobrar menos por muchos servicios, como por ejemplo el traspaso y venta de sus bienes, la constitución de empresas, las cancelaciones de hipotecas, las certificaciones de ingresos, la elaboración de planos de construcción, las inspecciones de obras, las consultas de nutrición o en fisioterapia, entre muchos otros”, señaló Francisco Gamboa Soto, ministro del MEIC.

Con la reforma los profesionales de las carreras mencionadas pasan de un esquema de tarifas mínimas obligatorias a uno de tarifas de referencia no obligatorias. De aprobarse los decretos, los profesionales podrán cobrar el monto que acuerde con el cliente sin ser sancionado, como lo es hasta el momento.

La propuesta del Gobierno “responde a la recomendación técnica realizada por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), como resultado del Estudio en Materia de Competencia y Libre Concurrencia de los Servicios Profesionales en Costa Rica, ya que estas tarifas limitan la autonomía de los profesionales, favorecen la colusión o alianzas, limitan el acceso de los consumidores a los servicios y sostienen tarifas mayores que encarecen una gran cantidad de bienes y servicios que son utilizados como insumos”, informó en un comunicado el MEIC.

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Antecedentes

Esta acción del Gobierno ya había sido solicitada por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) en febrero pasado para que se realizara una reforma “en beneficio de los usuarios y no por los intereses gremiales como ha sido, en general, hasta ahora”.

No obstante, distintos colegios profesionales aseguraron a EF en marzo anterior que las recomendaciones y el estudio que hizo la Coprocom desconoce la naturaleza jurídica de estas instituciones que cuentan con jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional.

En el momento que la Coprocom publicó el estudio a inicios del 2022, los colegios profesionales manifestaron a EF desconocer que la Comisión estaba haciendo el estudio, además, no fueron tomados en cuenta para contrastar la información.

Dicho análisis de Coprocom, ahora tomado en cuenta por el Gobierno, apela al pronunciamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde el año 1985 en el que dice que “las restricciones a la competencia entre los miembros de una profesión deben eliminarse. Estas restricciones incluyen los acuerdos dirigidos a determinar el precio”.