Desde las 3 p.m. del 8 de mayo, los transportistas internacionales deben practicarse una prueba de COVID-19 en la frontera con Costa Rica y esperar su resultado de 24 a 48 horas, antes de poder ingresar al país.
La decisión aumenta un clima de tensión entre las autoridades y diferentes organizaciones comerciales locales y regionales, que se han quejado por medidas como la limitación a 72 horas de estadía en el país para carga y descarga. Incluso, en la frontera norte hubo un bloqueo organizado por transportistas el 29 de abril.
El Ministro de Salud, Daniel Salas, informó en un comunicado de prensa que de las 230 muestras tramitadas el 7 de mayo a transportistas, dos dieron positivo. Ambas personas ingresaron por Tablillas y se encuentran aisladas.
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Además, las autoridades ubicaron a todos los contactos que ambos conductores tuvieron durante su estadía en el país, pues hasta ahora a los transportistas se les permitía ingresar después de la toma de la muestra y permanecer hasta 72 horas en suelo nacional.
Ambas medidas, el límite de permanencia y la aplicación obligatoria de la prueba, provocaron disconformidad en sectores empresariales e industriales, para los cuales Centroamérica representa más del 50% de sus exportaciones.
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Mario Montero, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) señaló el entorpecimiento que ha sufrido el flujo comercial desde y hacia la región, producto de la reducción de los permisos de permanencia de los transportistas en el territorio nacional a 72 horas, y ahora, con los posibles efectos de estas directrices para el control sanitario.
“No ponemos en duda la importancia del control sanitario; no obstante, las entidades nacionales deben poner sus mejores esfuerzos para que dichos exámenes puedan desarrollarse con pruebas rápidas que se aplican en otros países o mediante alternativas de aplicación que reduzcan esos tiempos. Lo que estamos sufriendo es un encarecimiento de los costos del transporte y un entorpecimiento de la logística del transporte, lo cual se traduce en pérdida de competitividad a la ya muy golpeada economía nacional”, comentó Montero.
El Ministerio de Salud le confirmó a EF, mediante su oficina de prensa, que la medida es obligatoria y que la única prueba válida es la que se practica en la frontera, y para cuyos resultados la espera mínima es de 24 horas. Además, queda descartada la posibilidad de presentar certificados o resultados de exámenes provenientes de otros países.
