Este domingo quedará el camino expedito para que cualquier país solicite explotar codiciados minerales como el níquel o el cobalto de los fondos marinos, pese a los llamados crecientes a una moratoria para esta industria que carece de regulación.
La protección del suelo oceánico en aguas internacionales que no pertenecen a ningún Estado y la regulación de las actividades relacionadas con la extracción de minerales codiciados dependen de la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos (AIFM), un organismo con sede en Jamaica.
Hasta ahora, la AIFM se ha limitado a otorgar permisos de exploración.
Desde hace diez años, negocia un código minero para fijar las reglas de una eventual explotación de minerales codiciados como el níquel, el cobalto o el cobre que se encuentran en los grandes fondos marinos declarados “patrimonio común de la humanidad”.
En 2021, Nauru, pequeño estado insular del Pacífico, recurrió a una cláusula para que el código minero fuera adoptado en un periodo de dos años, que vence este domingo.
Como esto no ha ocurrido, si ahora Nauru solicitara un contrato de explotación para la empresa Nori (Nauru Ocean Resources), filial de la canadiense The Metals Company, la AIFM tendría que considerarlo, aunque eso no signifique que lo vaya a aprobar.
La AIFM “entra en el periodo de decisión más crítico de su historia”, dice Emma Wilson, de Deep Sea Conservation Coalition, un grupo de ONG que pide a los estados “valentía y adopten las medidas necesarias para proteger nuestro océano”.
Las autoridades de Nauru han asegurado que no lo van a hacer en el futuro inmediato, pero cualquier otro estado interesado en la explotación de los recursos submarinos podría hacerlo, aseguran los expertos.
“No estoy muy preocupado, pienso que sería un error presentar una solicitud tan pronto, porque los estados siguen negociando” el código minero, dice a la AFP Pradeep Singh, experto en derecho del mar del Research Institute for Sustainability de Potsdam, en Alemania.
“Aunque las señales son muy claras, algunos estados son muy reticentes a autorizar la explotación minera si no hay reglas”, asegura, pero no descarta que la AIFM cometa el “error” de autorizar un contrato.
“Cuestión de credibilidad”
En marzo, los 36 estados miembros del Consejo de la AIFM, que tiene poder de decisión en materia de contratos, aseguraron que mientras no haya un código minero, “no debería haber” explotación comercial.
Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo sobre el proceso de examen de una eventual solicitud ni sobre la interpretación precisa de la cláusula a la que recurrió Nauru.
Las ONG, que temen que este vacío jurídico abra la puerta a una posible luz verde, esperan que el Consejo, que se reúne del 10 al 21 de julio, adopte una decisión más clara.
En paralelo, cuatro países pioneros (Chile, Francia, Palau y Vanuatu) decidieron llevar el debate al plano político.
A pedido suyo, y por primera vez, la asamblea de los 167 estados miembros de la Autoridad, que se reúne del 24 al 28 de julio, estudiará una “pausa de precaución” de la explotación minera submarina.
“El desafío es poner el asunto sobre la mesa, realizar un debate que nunca ha existido”, dijo a la AFP el secretario de Estado francés para el Mar, Hervé Berville.
Actualmente, menos de una veintena de países apoyan esta moratoria.
“El objetivo es que en 2024 una mayoría de países consideren evidente que es necesario hacer una pausa de precaución sobre la explotación de los fondos marinos para estar a la altura del desafío climático y de la biodiversidad”, explica Hervé Berville.
Es una “cuestión de credibilidad”, insiste, ahora que el mundo acaba de adoptar el primer tratado para proteger la altamar y se ha marcado el objetivo de preservar el 30% de las tierras y de los océanos para 2030.
“Tenemos la oportunidad de anticipar esta nueva industria extractiva y de pararla antes de que cause daños a nuestro planeta”, dijo Louisa Casson, de Greenpeace.
ONG y científicos recuerdan algunas de las consecuencias que podría tener esta explotación: destrucción directa de hábitats y especies potencialmente esenciales para los ecosistemas, perturbación de la capacidad del océano de absorber el carbono emitido por la actividad humana y generación de un ruido que podría afectar la comunicación de especies como las ballenas
