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La Reforma Procesal Laboral (N.º 19.819) sacudirá el mercado de empresas de seguridad privada, cuando entre a regir a partir de junio de 2017.
Las firmas que operan formalmente y aún más, las que son informales, deben ponerse al día o estar vigilantes respecto a la legalidad con la que trabajan, si buscan seguir activas en el negocio.
Una enorme cantidad de demandas laborales por sumas millonarias, una reducción de la cantidad de empresas, el incremento de desempleo en este oficio o el aumento en la informalidad, son parte de los efectos que pueden ocurrir o incrementarse.
Con esto concuerdan empresas formales como JYK Servicios, Inaseg Security, Securitas Costa Rica, así como la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES) y la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública.
¿Por qué se sacudiría el mercado? Veamos. En este momento, las demandas por parte de oficiales de seguridad son de las más comunes por aspectos como la falta de pagos de salarios mínimos y horas extras, entre otros, que se tramitan ante el Poder Judicial, informó Paola Gutiérrez, abogada laboralista.
“Cuando entre a regir la ley, una demanda que ahora puede durar hasta un máximo de 5 años, se podría reducir a la mitad o menos, porque la reforma pretende generar procesos más expeditos y resolver en menos tiempo los casos”, explicó Gutiérrez.
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Al ocurrir esto, las empresas deberían tener suficiente músculo legal y formal para que demuestren su cumplimiento de la ley, en caso de ser así.
Y las que no cumplen con la ley, podrían enfrentar demandas millonarias, pagar indemnizaciones en poco tiempo y asumir el costo de ponerse al día en la formalidad de sus operaciones, y si no cuentan con respaldo económico suficiente, esto podría llevarlas a la quiebra.
Lo anterior puede influir en una reducción del mercado de empresas de seguridad privada, incrementar la clandestinidad o elevar las tasas de desempleo.
Según datos de la Dirección de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, actualmente operan 865 corporaciones formalmente en el país.
No obstante, para trabajar al día, todas deben contar con el ControlPas y solamente 603 están debidamente inscritas hasta la fecha en este sistema.
El ControlPas es una herramienta tecnológica que permite mayor eficiencia para determinar la cantidad de oficiales inscritos, el tipo y legalidad del uso de sus implementos y armas.
Además, el ente también puede obtener más fácilmente un control cruzado con la Caja Costarriense de Seguro Social (CCSS) sobre la morosidad de las cargas sociales.
Sin embargo, solo tres empresas están en proceso para obtenerlo y seguir operando, lo que significa que, a dos meses de que venza el plazo de inscripción para el ControlPas (15 de junio), 259 firmas están pendientes de tenerlo.
Si no lo hacen, estas 259 se sumarían a la informalidad, explicó Roberto Méndez, director de Seguridad Privada del Ministerio.
Difícil control
En el país no hay cifras exactas sobre cuántas empresas u oficiales trabajan sin carné o permisos que los acredite como tales, pero ACES estima que pueden tratarse de cientos de firmas y miles de oficiales.
“Conocemos que hay unas 6.000 armas que no se sabe dónde están y eso es solo una referencia”, comentó Eric Koberg, presidente de la ACES.
Méndez informó que, en este momento, hay 27.513 oficiales de seguridad con permiso de operar. No obstante, un oficial puede brindar de forma independiente sus servicios como agente.
Precisamente hay 27 empresas afiliadas a la ACES, y estas absorben 16.000 oficiales de seguridad, informó el director ejecutivo de la asociación, César Tapia.
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La Dirección de Seguridad Privada ha determinado que la informalidad se presenta bastante en condominios, bodegas y fincas, no solo mediante la contratación de empresas informales con precios más baratos de los de ley, sino que muchos se brindan por parte de personas que no son oficiales registrados.
Dicho departamento ha abordado 50 empresas informales en promedio anual en los últimos tres años, gracias a reportes de inconsistencias o investigación que verifican con el ControlPas y la morosidad de la CCSS.
Empero, el ControlPas no puede determinar ni llevar registro sobre el cumplimiento de salarios mínimos de la ley, uno de los puntos medulares de este negocio.
Responsabilidad compartida
Un puesto de 24 horas de un oficial de seguridad en jornadas de 8 horas por agente, tiene un costo de ¢2.008.631 mensuales tomando en cuenta únicamente el costo de mano de obra y cargas sociales, estimó ACES.
Son datos para el primer trimestre de este 2016, con base en los salarios mínimos de ley.
Falta tomar en cuenta rubros como insumos, gastos administrativos y utilidades, lo que sumaría como mínimo ¢2.321.400.
Sin embargo, los voceros de la organización denuncian que han encontrado casos de oferentes con puestos similares hasta por ¢1.600.000 o menos.
Tanto las empresas, el Ministerio de Seguridad y la ACES coinciden en que es un asunto de corresponsabilidad entre el oferente y quien contrata.
“Hemos detectado dos casos en donde el que contrata, con tal de bajar costos, licita por debajo de este cálculo. Un caso es el del Banco de Costa Rica y otro la Dos Pinos”, aseguró Koberg.
La ACES reportó que el BCR adjudicó la licitación pública (N.º2013LN-000009-01) a la empresa Consorcio Mora por un puesto en ¢1.615.000 mensuales en noviembre de 2015, información que se publicó en La Gaceta 235.
Ante esto, Edgar Fonseca, jefe de Seguridad Bancaria del BCR, indicó que no se ha contratado ningún servicio con costos por debajo de ley.
“Como consecuencia del procedimiento de contratación administrativa que se tramitó, se dio un análisis de este asunto a nivel de la Contraloría General de la República, como consecuencia de la interposición de un recurso por uno de los interesados, determinándose que la oferta presentada no incumplía con la ley y, por tanto, el Banco procedió de conformidad”, aseguró Fonseca.
Por su parte, la ACES también informó que la Dos Pinos participó en diciembre anterior en una subasta a la baja para la adjudicación de la seguridad privada.
La Cooperativa aclaró que fueron cuatro las empresas a las que se les adjudicó este servicio y todas cumplen con todos los requisitos establecidos por la legislación nacional, incluyendo los salarios mínimos.
“Tanto el cartel como la negociación con los adjudicatarios previeron expresamente el cumplimiento de los incrementos salariales decretados por ley en los meses de enero y julio, y requerían constancia de que se está al día con las cuotas obrero-patronales ante la CCSS, así como la presentación de la planilla en la oferta de servicios”, indicó Francisco Arias, gerente de Asuntos Corporativos de Dos Pinos.
