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La entidad bancaria Scotiabank informó, este viernes 28 de agosto, que despidió a 98 empleados y el cerró cinco de sus 33 sucursales en el territorio costarricense.
Las agencias de Curridabat en Pinares, en Forum Santa Ana, en Alajuela Santamaría, en San Francisco de Dos Ríos y en Plaza Carolina, permanecían temporalmente cerradas debido a la pandemia del COVID-19, pero cerrarán de manera definitiva en los próximos días. La entidad informó que a los clientes de estas zonas les comunicarán el cierre definitivo.
Scotiabank no brindó los detalles de la decisión, pero confirmó a La Nación que ocurrió como resultado de un proceso de análisis de la realidad económica del país.
“Analizamos detenidamente el contexto económico nacional con el objetivo de mantenernos productivos y competitivos para continuar ofreciendo productos y servicios de calidad a nuestros clientes físicos y jurídicos”, informó la entidad por escrito.
El banco de capital canadiense contaba, a julio pasado, con una planilla de 1.733 trabajadores, según el registro de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“Para las personas que finalmente se verán afectadas, estamos desplegando diferentes esfuerzos para apoyarles en esta transición, fieles a nuestros principios y al compromiso de tratar a nuestra gente de manera justa, equitativa y respetuosa”, destacó
El pasado 9 de julio, la entidad anunció el cierre de las tarjetas de crédito a 20.000 clientes para cumplir con los nuevos topes a tasas de interés, impuestos en la reforma a ley donde se fijan los intereses de usura.
La entidad informó a La Nación que los plásticos serán eliminados en un plazo de seis meses, para lo cual se comunicará directamente con los usuarios, además aseguraron que efectuarán cambios en sus programas de lealtad de sus tarjetas de crédito; pero no detalló cuáles serán las variaciones.
Otros cierres bancarios
La entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (7472), más conocida como Ley de Usura, cambió las pautas bajo las cuales deberá operar el sistema financiero.
El más discutido de los cambios fue la definición de las tasas de usura, intereses máximos que podrán cobrar las entidades financieras por los créditos y los microcréditos, esta es calculada el Banco Central de Costa Rica (BCCR) dos veces al año.
El Banco Promérica presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional en contra de la Reforma de la legislación que pone topes a las tasas de interés. El criterio es que la norma infringe los derechos de razonabilidad y proporcionalidad contemplados en la Constitución Política de Costa Rica.
BAC Credomatic fue otra de las entidades que se unió a el cierre de sucursales y tarjetas como resultado de la entrada en vigencia de nuevos topes a las tasas de interés para las operaciones financieras, comerciales y de microcréditos.
En julio anunció que suprimirían 187.526 tarjetas de crédito a 79.789 clientes, cuyas operaciones se vuelven deficitarias para la empresa. Lo anterior, junto con una reducción en el crecimiento esperado en el grupo para este año, llevó a prescindir del servicio de 373 colaboradores directos y al cierre de 11 puntos de servicio.
Davivienda, también en julio, anunció que se comunicará con los clientes afectados e indicó mediante un comunicado de prensa que la modificación en la legislación “lamentablemente limitará el acceso del producto: tarjeta de crédito, a un segmento de costarricenses”. La entidad analiza el cierre de 7.500 plásticos, que pertenecen casi a la misma cantidad en clientes.
