EscucharLa participación del sector privado en políticas públicas no es nueva en Costa Rica. A través de asociaciones, cooperativas y fundaciones, ciudadanos comprometidos con el desarrollo nacional colaboran con el gobierno para garantizar una ejecución más eficiente de ciertas políticas. Esta relación se basa en la idea de beneficio mutuo.
En las últimas semanas, ha sorprendido la ruptura del gobierno con el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie), ejecutado por la Fundación Omar Dengo (FOD) gracias a un convenio de más de tres décadas con el Ministerio de Educación Pública (MEP). También ha sido desconcertante la terminación de la relación con la Asociación Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), punta de lanza nacional en atracción de inversiones durante cuarenta años y ganadora del reconocimiento de Naciones Unidas como la mejor del mundo en su campo en el último lustro.
Tanto en el caso de la FOD como en el de Cinde, el gobierno de Rodrigo Chaves decidió unilateralmente romper los convenios de cooperación argumentando que los servicios que estas entidades brindan pueden ser asumidos por el Gobierno central con mejores resultados y, aparentemente, a un menor costo. Un debilitado MEP asumiría el programa de informática en lugar de la FOD, a pesar de no contar con la tecnología ni las capacidades necesarias, mientras que la atracción de inversiones sería responsabilidad de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), que tiene experiencia en impulsar exportaciones pero no en atraer inversión extranjera directa (IED).
Esta intención del presidente y sus ministros de estatizar dos iniciativas que han tenido éxito comprobado desde el sector privado es por lo menos abracadabrante, pues no existen razones sólidas que lo justifiquen. Los propios funcionarios del MEP han admitido que el ministerio no está preparado para asumir el programa de informática. El país sigue sufriendo las consecuencias del apagón educativo que comenzó con las prolongadas huelgas de 2018 y 2019 y empeoró con la pandemia. En los últimos cinco años, el MEP se ha visto superado en no pocos frentes, y ahora, de repente, tendrá que hacerse cargo de las responsabilidades de la FOD.
Por su parte, la transformación interna que Procomer debe llevar a cabo es colosal, y el tiempo de aprendizaje juega en contra de los intereses nacionales. Además, se mencionaron problemas de costos en la operación de Cinde como argumento para la decisión, sin embargo, por cada empresa que atrae Cinde al país se genera un retorno de $44 por cada dólar invertido. Un 4.300%.
Técnicamente, la decisión de terminar el convenio entre el MEP y la FOD fue tomada por el Consejo Superior de Educación, donde el Ejecutivo tiene poca presencia. En el caso de la ruptura con Cinde y el recorte de fondos por parte de Procomer, esta decisión fue votada por la Junta Directiva de la Promotora después de que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) rompiera unilateralmente con la agencia. En esa Junta, las principales cámaras empresariales del país tienen mayoría. Asimismo, se descubrió más tarde que el gerente de Procomer, Pedro Beirute, había concursado para ser director de Cinde días antes de criticar a la agencia y apoyar la eliminación de su financiamiento.
Está claro que en ambos casos hubo negociaciones y acuerdos, pero es sorprendente que no se haya considerado el impacto que estas decisiones pueden tener en Costa Rica. Específicamente:
- ¿Cuándo estará lista Procomer para obtener resultados equiparables o superiores a los de Cinde en inversión extranjera, como prometen? (sobre todo en zonas rurales). ¿Cuál es el plan detallado de la Promotora y del Comex para evitar una brecha en el calendario de atracción de inversión extranjera?
(Por el momento, Cinde ha enviado una propuesta formal al Gobierno para extender el convenio de atracción de inversión por otros 30 meses y sugiere modificar los porcentajes de contribución de Procomer a Cinde).
- En el caso del MEP ya hay luces —o más bien sombras— de lo que sigue: la nueva estrategia para enseñar informática se presentará entre octubre y noviembre de 2023 y se implementaría en el 2024. Sí, en el 2024.
Estos dos cambios representan una concentración innecesaria e improvisada de poder dentro del Ejecutivo. ¿Era este un mensaje que Zapote quería transmitir en el primer aniversario de la nueva administración?
