La propuesta de reforma fiscal impulsada por el señor ministro de Hacienda tiene un carácter integral y multidimensional, entendido como la implementación de medidas en ingresos y gastos.
En ambas líneas hemos avanzado, habiéndose presentado seis proyectos hacendarios y varias medidas ejecutivas.
Dentro de esta propuesta, el tema de empleo público tiene cabida con una posición distinta de la que se ha querido dar. Existen tres aspectos que consideramos oportuno comentar: i) La visión debería centrarse en empleo público, no en remuneraciones públicas, donde el fundamento sea el establecimiento de un modelo de gestión del recurso humano que propicie incrementos en eficiencia, eficacia y calidad de los servicios. ii) Es un error condicionar toda la reforma fiscal a la revisión de esquemas salariales que se financian con tarifas, no con impuestos. iii) A lo largo de 30 años, la Contraloría General de la República ha llamado la atención sobre la urgencia de cambios profundos. No haberlo hecho a tiempo nos tiene ante un problema de naturaleza histórica, acumulativo y estructural, que difícilmente se corregirá en un año.
El envío de la agenda fiscal responde a una estrategia que prioriza los impactos en la hacienda pública que permitan ganancias rápidas para paliar el déficit.
En esta agenda, el empleo tendrá su momento. Esta posición no implica un cambio de objetivos y compromisos de Gobierno; es parte de la estrategia misma. Cuestionar la credibilidad de un equipo a partir de una visión diferente no es apropiado, como tampoco lo es monopolizar la discusión fiscal a un tema en particular.