Recientemente España y el Reino Unido se han enfrentado por el Peñón de Gibraltar.
Esta estratégica roca, a la entrada del Mediterráneo, cumplió un papel muy importante en el nacimiento y consolidación del imperialismo inglés.
Gibraltar fue cedido por el Tratado de Utrech (1713) y desde entonces España ha tratado de recuperar ese pedazo de su territorio.
En 1964 las Naciones Unidas incluyeron a Gibraltar entre los territorios pendientes de descolonización, y no le han reconocido la categoría de nación.
La ONU propicia la negociación para una descolonización que lleve a una reintegración territorial. Los ingleses sostienen que es territorio bajo su soberanía o jurisdicción, y que sus habitantes tienen derecho a la autodeterminación.
España no reconoce esto e insiste en negociar el retorno de esta porción de su territorio. El conflicto actual surge del intento del gobierno de Gibraltar por ampliar su espacio territorial lanzando grandes bloques de concreto al mar que amenazan la pesca en la bahía de Algeciras.
Los españoles han respondido instalando controles estrictos a la entrada del enclave y denunciado el contrabando. Igualmente, han señalado la práctica del bunkering (suministro de combustible sin supervisión adecuada), la evasión de impuestos y el lavado de dinero, tolerados por las autoridades coloniales.
El conflicto revela, como lo señala un académico español, un agotamiento de los marcos jurídicos. España tiene que reformular su política. Descartada la revisión o continuidad del Foro de Diálogo, las opciones son limitadas, aparte de la reclamación descolonizadora, o de una lectura restrictiva del Tratado de Utrecht. Las vías para lograr una salida giran en torno a una solución judicial, o relanzar la negociación bilateral.
Por su parte, el Reino Unido debe renunciar a mantener una situación colonial, disfrazada de autodeterminación, y mantenida por razones militares .