¿Quién paga las consecuencias del bloqueo de carreteras que hacen sindicatos, universitarios y otros grupos con intereses particulares? Pagan los ciudadanos que pierden productividad, calidad de vida y salud en filas interminables; pagan gente de negocios y turistas que pierden citas, ventas y vuelos. Pagan las empresas con horas extra, inventarios en tránsito, desperdicio de combustible y desgaste de motores…
¿Quién paga las consecuencias de los abusos salariales, convenciones colectivas y puestos sin sentido en el sector público? Pagan todos los contribuyentes por miles de puestos de trabajo que al aumentar la burocracia destruyen valor económico, sobrecargan la estructura fiscal, aumentan las tasas de interés, encarecen las inversiones, contribuyen al desempleo…
¿Quién paga por la arbitrariedad de desechar un programa de compras del Estado, donado por un gobierno amigo? Pagamos todos por medicamentos más caros en la CCSS, por compras más caras en todas las instituciones del Estado, por la pérdida general de transparencia en el proceso…
¿Quién paga por los excesos de trámites que encarecen y retrasan los procesos de inversión productiva y de construcción de obras civiles? Pagan los desarrolladores, los constructores, los empresarios e inversionistas y, a través de todos ellos, pagamos todos por las oportunidades pérdidas de empleo y servicio…
Pagamos todos, todos los días y dejamos pagando a nuestros hijos por la ingobernabilidad, la intransigencia política y gremial, el egoísmo sectorial, la corrupción y la negligencia de funcionarios y “líderes” incapaces de ver más allá de sus narices…
¿Y hasta cuándo seguiremos pagando?
Hasta que el liderazgo nacional se decida a cambiar –ojalá sin que medie una crisis social como la de 1981– o hasta que, como en Grecia, venga la colectividad internacional a tratar de ordenar lo que nosotros hemos sido incapaces de manejar.
¿Qué esperamos?
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