Opinión

Competencia y contratación

El 2020 es un año donde podemos incidir en la economía costarricense con más y mejor competencia

En competencia y contratación pública es posible hallar motores de reactivación económica. En ambos campos, el nuevo año, nos presenta un terreno fértil para implementar mejores prácticas y obtener los beneficios de mercados cada vez más perfectos.

Eso sí, lo anterior se dará si se implementa adecuadamente la nueva Ley de la agenda OCDE No. 9736, Ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia (Sutel y Coprocom), y si el Poder Legislativo logra que se apruebe el proyecto 21546, de Ley de contratación pública, y que, también, responde al deseo de modernización que OCDE ha recomendado.

Competencia. En este caso, si bien no hubo voluntad política para dotar de autonomía a la Coprocom, sí quedaron en la nueva ley algunos rasgos propios de un ente con tal naturaleza. En lo administrativo, autogobierno y organización, recursos humanos y presupuesto, hay capacidad suficiente como para que la nueva Coprocom se atreva a ser autónoma. Eso depende, eso sí, de que se desarrolle un proceso de selección de los primeros tres comisionados, más los dos suplentes, bajo un estricto proceso técnico, que se haga de forma transparente, y donde lo político entienda que no tiene cabida. Ocde, para bien de las cosas, no dudamos estará vigilante de este proceso.

Precisemos, el pasado 18 de noviembre La Gaceta publicó la nueva ley. Ésta es fruto de la serie de recomendaciones de sujetos técnicos externos internacionales, así como de algunos esfuerzos nacionales (en parte liderados por la academia que promovió espacios de reflexión entre los años 2018 y 2019), que consistentemente mostraron la serie de debilidades en política de competencia y en la Coprocom.

El cambio. Hubo que esperar unos 5 años para la nueva Ley, si se parte del examen inter pares OCDE del 2014 hecho a la política y el marco regulatorio en competencia. Era imperioso legislar para lograr un giro 180º, empezando por designar comisionados a tiempo completo, con carácter y compromiso por ser y actuar con autonomía.

La Coprocom en 1995 nació a partir un marco deficitario. El diseño institucional de esta Comisión y la alta influencia política, socavaron actuar con independencia, y en ello, debemos ser claros en que independencia no solo refiere a que funcionarios o comisionados pudiesen obedecer a intereses de turno, sino, especialmente, a que, en lo administrativo, recursos humanos, lo presupuestario y el gobierno como un todo de la autoridad, sean manejados exclusivamente por la autoridad precisamente. Con un presupuesto controlado por un Ministerio, era, y lo fue, imposible dar capacidad para cumplir con los postulados de la ley. La independencia, así entendida, pero algunos exjerarcas del MEIC ayudaron para no confundir funciones de esa cartera con las de la Comisión.

Con la nueva ley, las funciones se remozan. Las prácticas anticompetitivas están mejor definidas; se introduce el incentivo un programa de clemencia, se incide en compras públicas, donde se llega incluso a la posibilidad de inhabilitar empresas si caen en faltas de competencia; se da, además, más valor a la abogacía de competencia, así como se proyecta un proceso de nombramiento de los miembros de la Coprocom, donde la idoneidad debe ser la pauta.

Contratación. Según informa la exposición de motivos del proyecto de ley en ciernes, el Estado erogó en 2018 ₡126.763 millones en licitaciones públicas internacionales; ₡284.502 millones, en licitaciones públicas nacionales; ₡337.317 millones, en licitaciones abreviadas, y ₡442.155 millones en contrataciones directas. A una parte del último dato, se le critica que sean contratos directos, a dedo, entre administraciones públicas, donde la razonabilidad de los montos a pagar, no son resultado de un proceso con competencia.

Sin duda este mercado es del altísimo interés, amén de que su legislación tiene por antecedente el otrora Reglamento general de contratación administrativa de 1978. Así, con más de 40 años, modernizar la regulación para adecuarla a mejores prácticas es sin duda, un paso necesario.

La OCDE, así como sucedió en competencia, ha recomendado cambios de fondo. En Estudios de Gobernanza Pública (2015) la realidad por cambiar nos dice: que no existe una autoridad de compras centralizada y fuerte, con planificación estratégica, y que brinde una visión completa del proceso; el proceso está altamente fragmentado; Sicop aún no es el único sistema de compras de todo el Estado; el control ex post es limitado, y a los controles previos se les cuestiona su valor agregado; hay déficit de profesionalización de los funcionarios públicos; y escasa participación ciudadana.

Reto. Si en competencia era requisito aprobar una nueva ley, en contratación pública el país debería plantearse un reto parecido, aunque lamentamos que la OCDE, en este campo, no lo haya exigido así. En competencia como en contratación, las mejores prácticas nos ayudarán a buscar mercados más competitivos, a innovar, a mejorar los precios, a evitar la corrupción y sin duda, a hacer de la transparencia la pauta.

2020, por lo tanto, es un año donde tanto en competencia como en compras públicas, podemos incidir en la economía con más y mejor competencia, eso sí, a partir de una implementación sabia y que se atreva a romper paradigmas.