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A finales de 2016, justo antes de las fiestas navideñas, la Universidad de Costa Rica por medio de su escuela de Matemática reveló una evaluación actuarial del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con resultados preocupantes que deberían llevar a la meditación.
Este estudio no solo debe llamar a la reflexión a los tomadores de decisión de este país, sino a cada uno de los ciudadanos. Me permito recomendar acciones a seguir para diversas profesiones e invitar a todos a leer el documento en cuestión.
La primera recomendación, va dirigida a los abogados : Uno de los actuarios del estudio denunció en el periódico La Nación (21 de diciembre 2016) que, en los años 2005 y 2006, se hicieron más laxos los requisitos de pensión, al permitir pensiones anticipadas disminuidas. Estas reformas, provocaron que el deterioro del IVM aumentara. Es deber de los investigadores judiciales, abogados y encargados de la justicia de este país, indagar si hubo delito, al poner en riesgo la pensión de la mayoría de los costarricenses.
En este mismo sentido, los periodistas y formadores de opinión deberían indicar los nombres de quienes votaron estas reformas, quién firmó los estudios técnicos que lo permitieron , y no continúen en el anonimato.
También este grupo de profesionales debe informar e instruir en pensiones a la población y no buscar solamente alarmismos, que no requiere el IVM .
A la luz de esta denuncia, se muestra que el IVM necesita contrapesos para tomar decisiones tal como lo tiene el Régimen de Pensiones del Magisterio con la Supen , por lo que los administradores de empresas, podrían analizar si la estructura actual del IVM es la más adecuada, o si requiere una institución encargada de las pensiones independiente, con una estructura fuerte y separada del Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS.
Cabe señalar que del estudio vale analizarse la tasa de rendimiento (pág. 293) que es la hipótesis más sensible. La misma normativa señala que esta tasa debe ser de mercado a la fecha focal del estudio (31 de diciembre de 2015).
Llama la atención que en la evaluación utilizaran una tasa del 4% real empleando referencias de 30 años en su escenario base (1985-2015) y en el escenario pesimista un 2,9%. Si la Tasa Básica Pasiva (TBP) real histórica en Costa Rica ronda el 3,5%, uno se podría preguntar: ¿Por qué los universitarios creen que es posible que en el IVM se haga una gestión de inversiones más bajas que la TBP en su peor escenario? ¿Por qué una tasa con referencia de tres décadas se considera de mercado. En el mismo estudio, se indica que el IVM rinde un 4,8% real en últimos años (pág. 132).
Estas preguntas recomiendo que las respondan los economistas, financistas , ya que nos podrían aclarar si la crisis en las pensiones se acerca más al 2027 o al 2034 (pág. 207).
Otro tema que deberían aclararnos los encargados de la salud en el país, y los demógrafos es sobre la recomendación de elevar la pensión a los 70 años. En Costa Rica la esperanza de vida saludable ronda esas siete décadas. Esta medida, es el promedio de años que una persona estará sana sin pérdidas funcionales, es decir, la recomendación del estudio podría llevar a la gente al límite de pensionarse con escasa salud.
A la larga resultaría en que aumenten las pensiones por invalidez o que siempre se adelante la pensión sin lograr el efecto esperado en el IVM.
La recomendación de elevar la cotización tripartita, significaría una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores en general, una reducción de las utilidades de las empresas y un aumento en el gasto del Gobierno, por lo que, es recomendable que los microeconomistas, mercadólogos, y administradores, analicen el impacto en el consumo y en la producción y un análisis en el largo plazo para valorar el impacto de la recomendación de una reducción del monto de la pensión.
Se debe analizar la estructura de las pensiones, hace cerca de 20 años se creó un sistema multipilar, que entre el ahorro obligatorio y voluntario deberían cubrir el 40% de la pensión.
Nos podemos preguntar a la luz de experiencias como la chilena, la salvadoreña y la argentina, si las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC), cumplirán con era responsabilidad o darán menos dinero.
Para la fecha del estudio, los fondos administrados por las OPC en la pensión complementaria obligatoria eran en total ¢3,644 billones, y la reserva del IVM era de ¢2,074 billones, y el fondo del Fondo de Capitalización Laboral (FLC) de ¢578.000 millones.
Si se dejara a las OPC con la pensión voluntaria, y los ahorros obligatorios dados a los trabajadores por los patronos se trasladaran a su pensión básica ( ROP y FCL), junto con el porcentaje de cotización, y se les permitiera realizar inversiones como actualmente hacen las OPC, se podría rescatar y fortalecer al IVM.
Por supuesto con los estudios actuariales correspondientes, esto sería una labor de los actuarios, matemáticos y estadísticos.
Como pueden ver, el tema del IVM, abarca muchas profesiones y no recae únicamente en los representantes de los trabajadores, patronos y del Estado, sino de cada uno los ciudadanos según la profesión, y si no cité la suya, lo invito a que esté vigilante de todas las reformas, involúcrese, y si cree necesario elevar una oración, hágalo.
Nota: El autor del artículo es actuario.
