EscucharLa afirmación del presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, de que los criptoactivos son “de alguna forma innecesarios” (La Nación, 20 de noviembre), permite reabrir un debate que el país ha postergado: ¿vemos los activos digitales solo como un riesgo o como parte inevitable de la economía global?
Aunque coherente con su mandato de estabilidad, la posición del Banco Central muestra un sesgo claro: se enfatizan los riesgos, se minimizan las oportunidades y se ignoran los avances regulatorios internacionales que ya equilibran innovación con seguridad. Esa lectura, prudente desde la ortodoxia financiera, puede ser limitante para la competitividad tecnológica.
El BCCR recuerda que las criptomonedas no son de curso legal y que su uso es responsabilidad del usuario. Correcto. El problema es que el discurso envía una señal de riesgo regulatorio que inhibe la innovación, desalienta startups, afecta la atracción de inversión y genera inseguridad jurídica para blockchain, tokenización y fintech.
Mientras Brasil, México, Uruguay, Chile, Colombia y la Unión Europea avanzan con marcos claros para sandboxes, licencias para exchanges, reglas de custodia y estándares AML, Costa Rica mantiene un vacío normativo que opera como un desincentivo silencioso.
La eficiencia del sistema de pagos no cierra el debate. Es cierto que Sinpe resolvió problemas que otros países intentan abordar con blockchain. Pero eso no elimina la importancia de explorar infraestructuras descentralizadas que abren oportunidades como tokenización de activos, propiedad digital, contratos inteligentes, trazabilidad o financiamiento descentralizado. Reducir los criptoactivos a “medios de pago” ignora un ecosistema que ya transforma mercados globales.
La visión del riesgo: válida, pero incompleta. Los criptoactivos pueden usarse para actividades ilícitas, pero lo mismo ocurre con el dólar o el dinero en efectivo. La diferencia está en la regulación: KYC y AML robustos, identificación plena de usuarios, reportes automatizados, auditorías y reglas de interoperabilidad. Ignorar esta discusión no protege al país; lo margina.
Un país que compite por talento no puede rezagarse. Costa Rica compite en servicios digitales, ciberseguridad, desarrollo de software y centros de servicios. Considerar que los criptoactivos son “innecesarios” implica asumir que la infraestructura tecnológica asociada al Web3 es irrelevante, lo cual es incorrecto. La falta de reglas claras hace que proyectos migren a otras jurisdicciones, que las startups no escalen; y sobre todo provoca que los bancos eviten cualquier contacto con la innovación. Así, el país queda anclado a una arquitectura financiera tradicional mientras el mundo avanza.
Costa Rica necesita claridad, no desconfianza. No se trata de adoptar bitcoin como moneda de curso legal ni promover la especulación, sino de establecer un marco que dé certeza al sector privado, universidades, emprendedores e inversionistas. La ausencia de regulación es ya una política pública, y hoy nos coloca entre las posturas más conservadoras de la región, lejos de lo que se esperaría de un país OCDE con vocación tecnológica.
El Banco Central tiene razón al advertir sobre volatilidad o estafas, pero se equivoca al calificar los criptoactivos como “innecesarios” en un entorno que depende de la innovación continua. Costa Rica necesita reglas claras, supervisión y prudencia, sí; pero también apertura estratégica para no perder terreno frente a países que ya construyen su infraestructura digital para las próximas décadas. Al evitar la innovación regulatoria, también podemos volvernos líderes regionales, pero no precisamente en lo que nos conviene.
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El autor es abogado y socio de Écija, experto en tecnología, medios y telecomunicaciones.
