11 junio

En este editorial vamos a comentar tres notas informativas recientes: la entrevista con el presidente de la República sobre los principales dilemas de las políticas económicas del país, la degradación realizada por la agencia S&P a la calificación de riesgo de nuestra deuda y el rechazo de la Asamblea Legislativa a un presupuesto extraordinario.

La degradación de la calificación de riesgo de la deuda del Gobierno costarricense se fundamentó en el deterioro de la situación fiscal. Ya antes del COVID-19 veníamos con un gran desequilibrio de la situación fiscal y ahora esta se agravó aún más.

La decisión tomada por los diputados y por el Poder Ejecutivo de excluir a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal contribuyó a la degradación en la calificación del riesgo de nuestra deuda. Los diputados y el Mandatario se congraciaron con los dirigentes municipales, ¿seguirán orgullosos de su decisión?

La rotación de tres ministros de Hacienda en un corto plazo también aumenta la incertidumbre sobre el futuro de las finanzas públicas. Seguimos pensando que el Presidente debió sostener a Rocío Aguilar al mando de las finanzas públicas para mantener un claro mensaje de disciplina fiscal.

Consideramos que los diputados tomaron una adecuada decisión al rechazar el presupuesto extraordinario presentado por el Ejecutivo para obligarlo a realizar un mayor esfuerzo de contención del gasto. Además, el próximo presupuesto extraordinario debería reconocer la disminución en la recaudación de impuestos para reflejar la situación real.

El tono usado por el Gobernante en la entrevista con EF es de mucha cautela; en algunos aspectos no se define y dice que las decisiones están en “calibración”. Pero en un aspecto es claro: el ajuste fiscal requerido para evitar caer en una suspensión de pagos se realizará mediante un programa negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Creemos que la decisión de acudir a pedir auxilio al FMI es correcta por dos motivos: primero, el FMI nos daría financiamiento para enfrentar los costos del ajuste y, segundo, nos daría mayor credibilidad en los mercados financieros sobre la voluntad y capacidad de las autoridades de llevar adelante el ajuste fiscal.

Así como las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa demandaron un mayor esfuerzo gubernamental para reducir el gasto, deberían de apoyar al Gobierno en su tarea de negociar un buen programa para enfrentar el déficit fiscal y reactivar la economía.

Medidas concretas

Actualmente, el FMI es más flexible en sus programas para sanear economías en problemas, en comparación con hace 40 años. Ahora el FMI tiene una visión de más largo plazo y toma en cuenta en mayor medida el costo social del ajuste. Pero esto no quiere decir que sea una entidad de caridad. Podemos estar seguros que el Fondo le pedirá al Gobierno tomar medidas concretas y efectivas para reducir el déficit fiscal.

Nos parece que esta negociación con el FMI deberá enfrentarse mediante la búsqueda de acuerdos políticos sólidos internamente para que el programa pueda tener una visión de mediano plazo y resistir la compaña electoral y el cambio de administración.

En materia de reducción del déficit fiscal, el programa con el FMI debería hacer un balance adecuado entre el aumento de impuestos, la reducción del gasto y la venta de activos. La magnitud del desequilibrio actual obligará a echar mano a todas las anteriores posibilidades. No se trata de unas si y otras no, lamentablemente tendremos que tomarnos todos los medicamentos disponibles.

En la entrevista vemos al Presidente cauteloso en cuanto al aumento de impuestos y la venta de activos. Entendemos sus dificultades en ambos temas, pero cuanto antes se tomen las decisiones mejores serán los resultados. En la venta de activos nos parece que no será suficiente con vender Bicsa y Fanal. Se necesitará poner en venta a otros activos de mayor volumen.

El programa con el FMI no solo debería centrarse en la reducción del déficit fiscal, también debería incluir medidas de reforma económica para impulsar el crecimiento económico y así ayudar a diluir el peso de la deuda pública.

En los ajustes fiscales realizados en los años 80 del siglo anterior se cometieron dos errores que no deberíamos repetir. Uno es el abandono de la inversión educativa que llevó a varias generaciones a quedarse sin educación. Ahora hay recursos garantizados constitucionalmente para este fin, lo que se requiere es de mayor eficiencia en el Ministerio de Educación.

“La magnitud del desequilibrio fiscal obligará a echar mano a muy diversas posibilidades. Lamentablemente tendremos que tomarnos todos los medicamentos disponibles”.

El otro error fue sacrificar la inversión en obra pública. Consideramos que este gasto de capital no debe sacrificarse porque ayuda a reactivar la economía en el corto plazo y mejora su competitividad en el largo plazo.

En conclusión, el país tiene un grave riesgo de caer en una profunda crisis por el alto desequilibrio fiscal. Para buscar una salida a esta encrucijada hemos topado con el FMI. La relación con este organismo no será fácil, pero las otras opciones son mas costosas. Por este motivo creemos que se debe apoyar la decisión presidencial de iniciar las negociaciones con el FMI.