Caracterizar el 2018 es una tarea difícil por la complejidad de los procesos que se enfrentaron. El país experimentó turbulencias estructurales, mientras que otras derivaron de coyunturas singulares. La transformación de la estructura social y la urbanización produjeron nuevos actores que explican, en parte, la transformación de un sistema político que, ante la incapacidad de las fosilizadas estructuras del bipartidismo, debió enrumbarse por rutas de multipolaridad centrífuga para hacer frente a la proliferación de demandas.

La reconfiguración del sistema de partidos se acompañó por una volatilidad del elector, la difuminación de las identidades partidarias del pasado y por la construcción de nuevos referentes.

Las dos rondas electorales sorprendieron. En la primera, a pesar de la disminución en su caudal electoral, el PAC logró introducirse en la final, mientras que un partido religioso surgió casi de la nada y desplazó a los tradicionales.

El gran detonante de este cambio fue el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. El debate electoral se centró sobre un tema ajeno a las políticas económicas y sociales. La segunda ronda fue un enfrentamiento entre una Costa Rica abierta a la modernidad y un país conservador tentado por una visión teocrática. La mezcla de religión con política será uno de los elementos de la lucha pública en el futuro, particularmente después de las divisiones en Restauración Nacional y de una agenda más radical en la emergente Nueva República.

El resultado electoral fue claro, pero muchos de los problemas nacionales fueron opacados por este enfrentamiento ideológico. Muestra de ello fueron las revelaciones del enorme hueco fiscal que dejó Luis Guillermo Solís Rivera.

El candidato triunfante intuyó que su victoria pasaba por una unión con fuerzas que avanzaron en la primera vuelta. La idea de Gobierno Nacional, logró sobre todo una alianza con Piza y sus tecnócratas. Este experimento fructificó en el esfuerzo por la aprobación exitosa de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La derrota de la oposición extraparlamentaria marca un hito en el panorama de los movimientos sociales y sindicales, su maximalismo les impidió negociar e incorporar a otros sectores. El presidente Alvarado supo aguantar el fuego, dejó pudrirse la huelga, la fuerza pública mostró prudencia frente a las provocaciones y la ciudadanía exasperada por los excesos de la dirigencia sindical, le retiró el tímido apoyo inicial que provocaban los nuevos impuestos. Una batalla perdida no significa el fin de la guerra, los movimientos sociales tienen arraigo y tratarán de reagruparse para hacer frente a proyectos venideros, tales como empleo público y endeudamiento.

El Gobierno, aunque victorioso, ha visto su imagen deteriorada. En las nuevas ofensivas posiblemente no le resulte fácil acceder a la vía rápida y deberá prestar atención al desgaste sufrido con las clases medias del sector público, una de las bases tradicionales de su partido. El reconocimiento de los sectores empresariales será insuficiente.

El sistema de partidos se recompone hacia un tripartidismo parlamentario en el que el PLN ha jugado un papel de vanguardia. Liberación quedó fuera del gobierno de palabra, aunque está adentro en la práctica, cercanía que podría dañarle electoralmente, contribuyendo al proceso de erosión de su identidad. Un saldo positivo podría ser la próxima presidencia de la Asamblea Legislativa. El PUSC vive angustias al tener que conciliar distancias entre los tecnócratas económicos y los intereses feudales provinciales de sus diputados. Sin embargo, el hecho de cogobernar podría repercutir positivamente al abrir nuevos espacios para sus dirigencias. La ambigüedad de identidades afecta también al PAC, desorientado ante la adopción de una política económica ajena a su estatismo original y a una postergación de su agenda de derechos humanos.

Algunos escándalos conmocionan el moralismo paquista, enfrentado a las realidades de la corrupción, la identidad partidaria sufre. El FA, tras una rotunda derrota electoral, vuelve al Parlamento con la combatividad de Villalta, pero sin fuerza parlamentaria. Además, tendrá que asumir las consecuencias de los excesos sindicales.

La dispersión y erosión de fuerzas políticas podría estimular la llegada de nuevos outsiders en futuros procesos electorales, lo que añade incertidumbre al panorama.

El sistema de partidos continuará en ebullición y el sistema político estará sujeto a nuevas tensiones, la fragmentación partidaria no se extinguirá por razones de fondo, pero también por las elecciones municipales. Las disfunciones del aparato del Estado no van a desaparecer y es posible que continúen episodios de fricciones entre poderes, como el ocurrido con la Corte Suprema de Justicia.

El juego sigue su curso y está lejos de concluir. Tras doce meses de turbulencias, podría esperarse que el trayecto continúe agitado. Los baches en el camino harán que la ruta del 2019 sea también accidentada, marcada por episodios aún desconocidos.