El caso de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) es un ejemplo claro de esa inoperancia institucional.

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Nadie cuestiona la loable misión de “armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos” que la letra de la ley le encomienda. Pero la Setena, creada en 1995, con la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente y como un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, se ha convertido en un cuello de botella y en un dolor de cabeza para cualquiera que pretenda producir y generar empleo en el país.

Omnipresente y todopoderosa, se ha pretendido que la Secretaría se meta en todo y con todos, obviando el viejo adagio popular de que “quien mucho abarca, poco aprieta” y provocando que deban atenderse aproximadamente 3.000 gestiones de viabilidad ambiental al año –muchas de ellas de relativa poca importancia–, y, en consecuencia, atascando su trabajo y retrasando la aprobación y posterior ejecución de proyectos verdaderamente relevantes.

Avalancha

La situación se ve agravada porque únicamente 20 funcionarios deben atender esa avalancha de solicitudes, a menudo es de rigor la consulta a otras entidades (como el Sinac y el Senara, entre otras), y las resoluciones de la Sala Constitucional permiten que en este campo se actúe en la práctica como si los plazos no existieren.

El problema del entrabamiento del Estado costarricense, en general, y de la Setena, en particular, ha sido parte de la discusión pública desde hace varios años y no escapó en la agenda de la pasada campaña electoral.

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Es inaceptable que proyectos prioritarios tarden bajo estudio hasta un año o más, con el negativo efecto en sus costos, lo cual es particularmente perjudicial en los proyectos de construcción, dado su impacto dinamizador en una economía ya por mucho tiempo estancada y con graves índices de desempleo.

Por esa razón, vimos con muy buenos ojos cuando, el año anterior, el Gobierno de la República creó la Comisión Transformadora del Setena, con el propósito de hacer una revisión profunda del quehacer de este órgano, identificar las trabas, e implementar los cambios a la mayor brevedad.

Cambio profundo

Entre las alternativas que se plantearon desde un inicio estaban la de automatizar totalmente el servicio, delimitar claramente cuáles proyectos ameritaban pasar por el proceso de evaluación y corroboración a fin de reducir drásticamente el número de gestiones que ingresen y la revisión de documentos, así como mutar a un régimen en donde la institución se concentre en un seguimiento ex post de los compromisos asumidos en los proyectos en marcha, en vez de aprobar ex ante todos y cada uno de ellos.

Hasta la fecha, de conformidad con el reportaje que publicamos esta semana, el trabajo de la Comisión ha sido llevado a cabo de la mano de representantes de los sectores, en especial del sector de construcción y del sector agrícola, y pese al hermetismo que guardan las partes, puede entreverse que el avance, aunque quizás bien orientado, ha sido bastante lento y difícil.

El plazo para rendir resultados vence el próximo 10 de mayo y, a partir de ese momento, las nuevas propuestas de regulación deberán ser sometidas a consultas adicionales, por lo que la ansiada reforma deberá todavía esperar más. Tal parece que los tiempos de la Setena no son de este mundo.

Es nuestra intención alentar la labor de la Comisión, augurar porque la transformación de la Setena sea verdaderamente profunda y reiterar el sentido de urgencia que estas reformas tienen no solo para el sector productivo nacional y la inversión extranjera, sino también, y primordialmente, para la reactivación económica que tanto necesitamos.