Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta) se rompió el monopolio del ICE en el mercado local de las telecomunicaciones y se permitió la participación de empresas privadas en la provisión de servicios de redes privadas, telefonía móvil y de Internet. Durante la negociación y discusión del Cafta, una de las preocupaciones más relevantes fue que la apertura y la competencia pudieran limitar la posibilidad de garantizar el acceso universal a dichos servicios. Por ello, en el acuerdo mismo, se estableció que “dicho proceso de apertura sería en beneficio del usuario y se fundamentaría en los principios de gradualidad, selectividad y regulación, y en estricta conformidad con los objetivos sociales de universalidad y solidaridad en el suministro de los servicios de telecomunicaciones”.
En consonancia con el tratado, al promulgarse la Ley General de Telecomunicaciones (No. 8642) y de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (No. 8660), la Asamblea Legislativa desarrolló esos principios rectores (universalidad, solidaridad y beneficio del usuario) y creó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), cuyo objetivo es, precisamente, garantizar que la telefonía e Internet lleguen a zonas y comunidades donde no exista este servicio. El fondo se nutre de las contribuciones parafiscales de los operadores y demás proveedores, así como de los pagos por concepto de concesiones, multas e intereses, lo cual ha redundado en que, para el año 2019, Fonatel contara con un presupuesto anual de más de $55 millones.
El modelo establecido por el legislador nacional parte de que los proyectos financiados por Fonatel sean consistentes con el Plan Nacional de Telecomunicaciones, definido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), y que sean ejecutados sólo por los operadores y proveedores de los servicios de telecomunicaciones. Estos ejecutores son, a su vez, seleccionados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) mediante procesos concursales, la que también supervisa y fiscaliza la ejecución de esos proyectos. Además, la ley previó la posibilidad de que los recursos se administren mediante la figura del fideicomiso, a cargo de bancos públicos del sistema bancario nacional.
Esta compleja estructura funcional tenía como objetivos, por un lado, evitar una excesiva injerencia política en la gestión de ese fondo y, por el otro, protegerlo frente a las recurrentes penurias fiscales que podría enfrentar la Hacienda Pública, de manera que se usaran efectivamente para lo que fue concebido. Sin embargo, tras más de una década de vigencia de la legislación, los resultados arrojados hasta ahora por Fonatel han sido bastante mediocres. En un inicio porque la ejecución de los fondos fue casi nula y, más recientemente, porque la pandemia nos ha desnudado y dejado ver con claridad nuestras falencias en este campo: 40% de los hogares no tienen acceso a Internet fijo, la velocidad de subida es mala y el servicio es inestable y caro, lo cual ha dificultado en extremo la posibilidad de teletrabajo de muchos; 500.000 alumnos de primaria y secundaria no tienen acceso a educación remota y el impacto sobre su futuro es escalofriante; y tenemos un gobierno digital que hace aguas diariamente, solo para citar algunos de los problemas más evidentes.
Estos malos resultados han provocado que en la Asamblea Legislativa proliferen los proyectos para meterle mano a esos fondos. Estos van desde los que pretenden crear un bono de conectividad hasta aquellos que crean un subsidio para las pensiones alimenticias, o se asignen a capacitación tecnológica para adultos, se los endosen a fundaciones privadas, o, incluso, el que se utilizen para el pago de amortización e intereses de la deuda pública. Ciertamente, las serias dificultades enfrentadas desde su creación obligan a plantear cambios y promover una reforma integral al sistema. Para empezar, deberíamos cuestionarnos la inteligencia de encargar la administración y supervisión de estos fondos a una entidad de carácter esencialmente regulatorio, cuya vocación para concebir y desarrollar políticas públicas es inexistente, para quien el objetivo fijado por la ley está lejos de ser una de sus prioridades, y cuya naturaleza jurídica la escuda de enfrentar la responsabilidad política por sus fallos en esta área.
Para atender ese problema estructural podría explorarse la posibilidad de replicar el esquema utilizado por el sector de comercio exterior, en donde un ministerio -órgano esencialmente político- tiene la responsabilidad de definir y dirigir las políticas públicas relacionadas con la materia, mientras que una agencia de naturaleza más flexible se encarga de diseñar y coordinar la ejecución de los programas con sujeción a las directrices del Poder Ejecutivo y a administrar los recursos generados por los aportes del sector.
En todo caso, sea cual sea la solución que finalmente se escoja, es fundamental no perder el norte y rescatar siempre el objetivo primordial de estos recursos: evitar el rezago digital de un amplio espectro de la población en aras de asegurar la universalidad del servicio. Si ese objetivo fue importante cuando se creó Fonatel hace más de una década, lo es todavía más importante hoy, pues esa brecha se constituye en un factor determinante de injusticia, exclusión y desigualdad que, como sociedad, no debemos permitirnos. Sería imperdonable que por atender los apremiantes problemas actuales, condenemos a generaciones enteras al abandono y a la pobreza.
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