Costa Rica tiene instituciones sólidas y sistemas de administración que aún permiten el adecuado funcionamiento del aparato público con los controles necesarios. Es cierto que se pueden mejorar muchas cosas, pero nuestra justicia tiene un esquema robusto.
Lo anterior no quiere decir que obviemos o tengamos que desviar la mirada y atención a las amenazas más importantes. Tenemos que estar vigilantes y defender nuestro sistema de justicia y los diferentes Poderes del Estado del riesgo patente (nuestras cifras de homicidios nos dicen que dejó de ser latente) de la infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas.
Como narra el más reciente informe del Estado de la Justicia, una representación de la judicatura de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que la violencia generada por el narcotráfico y la criminalidad organizada ha puesto en riesgo la seguridad pública y las instituciones democráticas de Costa Rica.
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Es necesario comprender que los intereses de esa criminalidad organizada van más allá de la violencia que vemos materializada en las calles. Esos intereses pretenden echar raíces en las instituciones que tienen poder y toman decisiones importantes para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esos grupos de delincuencia organizada pretenden corromper para así tener el camino más fácil para el tráfico de drogas o para el lavado de dinero.
Además de la tragedia humana, la narcopolítica es un cáncer para la economía de un país. Su impacto genera una profunda desconfianza en las instituciones, lo que a su vez ahuyenta la inversión extranjera.
Recordemos que el lavado de dinero, actividad intrínseca a la narcopolítica, distorsiona gravemente la economía real. Capitales ilícitos se inyectan en sectores como la construcción, entretenimiento y el turismo, crean burbujas artificiales, generan competencia desleal contra los empresarios que sí cumplen con la ley y desplazan a los negocios legítimos. Esto no solo pervierte el mercado, sino que también debilita la capacidad del Estado para recaudar impuestos, financiando un círculo vicioso de corrupción e impunidad que nos empobrece a todos.
No necesitamos mirar muy lejos para ver el futuro que nos espera si no actuamos con contundencia. En México, la narcopolítica ha resultado en la cooptación de gobiernos locales enteros, la normalización de una violencia que cobra miles de vidas y la autoridad legítima es una mera formalidad.
En Colombia, a pesar de sus avances, la sombra de la parapolítica -la alianza entre políticos y grupos armados ilegales financiados por el narco- sigue siendo una herida abierta que ha costado décadas de violencia y ha minado la confianza en las instituciones democráticas.
Más recientemente, Ecuador, un país que hasta hace poco se consideraba un sitio relativamente pacífico, ha visto cómo en pocos años la penetración del narco en la política ha desatado una crisis de seguridad sin precedentes, con asesinatos de candidatos presidenciales y un control territorial alarmante por parte de las bandas. Estos ejemplos nos deben servir como una advertencia de lo que está en juego.
Durante años, hemos presenciado en Costa Rica una serie de escándalos que vinculan a figuras políticas con el narcotráfico. El reciente y sonado caso del exmagistrado Celso Gamboa es solo el último de una cadena de eventos que erróneamente podemos calificar como “casos aislados”. Esta perspectiva es peligrosa e ingenua. Debemos comprender que la infiltración de las estructuras políticas no es una casualidad, sino el resultado de una estrategia deliberada y sofisticada por parte del crimen organizado transnacional. Su objetivo es claro: capturar el poder desde adentro, corromper las instituciones y poner el aparato estatal al servicio de sus operaciones ilícitas. Llegó el momento dejar de ver el árbol y empezar a analizar el bosque: estamos frente a un plan sistemático para erosionar nuestra democracia desde sus cimientos.
Enfrentar esta amenaza requiere de valentía y acciones decididas. No hay soluciones mágicas, pero sí pasos concretos que podemos y debemos dar con urgencia.
La principal puerta de entrada de la narcopolítica es el dinero ilícito en las campañas. Es impostergable reforzar la legislación sobre la financiación privada y fortalecer al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con herramientas para investigar en el menor plazo posible el origen de los fondos. Las sanciones por financiamiento ilegal deben ser ejemplares, incluyendo la pérdida de credenciales para los políticos involucrados.
El poder municipal es el eslabón más vulnerable y el primer objetivo del narco para asegurar el control territorial. Se deben realizar análisis patrimoniales rigurosos y periódicos para alcaldes, regidores y funcionarios clave.
Es fundamental golpear al crimen organizado donde más le duele: en su bolsillo. Se debe legislar para despojar a estas redes de los bienes y capitales obtenidos ilícitamente. Cada colón decomisado al narco y a los políticos corruptos debe reinvertirse visiblemente en programas de prevención del delito, educación y oportunidades para las comunidades más vulnerables, con el objetivo de romper el ciclo de reclutamiento.
Es claro que el combate a este problema involucra a toda la ciudadanía y la institucionalidad del país. Los legisladores deben ser proactivos y estar alertas para actuar con prontitud y generar leyes que nos ayuden a limitar el avance del crimen organizado. Las otras labores clave son la transparencia en todas las entidades públicas y la rendición de cuentas sin cortinas de humo.
