5 julio

El conflicto sociopolítico de los últimos días obliga a un análisis sereno, para entender causas y buscar soluciones. Un patrón de fuertes tensiones parece repetirse, al igual que el año pasado, en la gestión política del presente Gobierno.

Muchos pensaron que aprobada la reforma fiscal y “derrotados” los sindicatos, el país regresaría a una relativa calma, pero no ha sido así. La focalización de las fuerzas políticas en torno al tema fiscal, únicamente demoró la irrupción de la oposición extraparlamentaria, resucitada por estos días y cuestionando con fuerza el ejercicio gubernamental en distintos ámbitos.

Ante lo que se valoró como un gran triunfo en materia de política pública durante el primer año de mandato, algunos sectores optaron por el triunfalismo, creyendo que podrían implementar la totalidad de su agenda sin medir las resistencias que surgirían de los derrotados, pero no rendidos, con capacidad de movilizar importantes sectores de la población. El desgaste y cansancio producidos por la aprobación de la reforma fiscal, parecieron llevar al agotamiento a los jerarcas gubernamentales.

Ante los últimos acontecimientos, se critica duramente su falta de anticipación y preparación para controlar nuevos focos de descontento, lo que revela ausencia de pensamiento estratégico e improvisación. ¿Y cómo soslayar la carencia de operadores políticos? El súbito estallido y convergencia de la protesta de pescadores, traileros y estudiantes, evidencia no solo pasividad gubernamental e incapacidad para prever conflictos, sino impericia en la gestión política.

La distancia del ministro de la Presidencia de las negociaciones, según indican los líderes del movimiento, y el involucramiento directo del presidente Alvarado en negociaciones puntuales, demuestra las disfuncionalidades del esquema gubernamental. Lo anterior se vincula con la deficiencia gubernamental para mantener comunicación con los sectores descontentos y derrotados en una larga huelga magisterial.

Valga recordar que las victorias totales no existen y debieron habilitarse avenidas de diálogo para encausar los agravios, más intensos aún cuando parte de los ofendidos han sido la base electoral del partido del presidente. Entonces, sucede lo inevitable: los líderes de la oposición extraparlamentaria vuelven por los fueros de sus excesos verbales y prácticos, crean una situación convulsiva en torno a la renuncia de un ministro, a reivindicaciones de choferes y pescadores, en un esfuerzo articulador de malestares, aunque sin objetivos políticos del todo claros, especialmente del movimiento liderado por la ANEP.

“Las negociaciones que se inician con la intermediación de la Iglesia Católica podrían ser positivas si se parte de reglas claras, los participantes gubernamentales son de alto nivel, y siempre que esta iglesia y las evángelicas renuncien a dictar el contenido de la política pública que para eso están los representantes electos por el pueblo”.

Es preciso ahora reparar en dichas reinvindicaciones. La izquierda costarricense, en el marco de la guerra fría siempre tuvo como objetivo el socialismo y el anticapitalismo, una transformación radical de la propiedad de los medios de producción y del régimen político, la oposición extraparlamentaria actual guarda algunos recuerdos de ese imaginario, particularmente su postura anticapitalista, pero carece de un objetivo final en su planteamiento. El cuestionamiento a las políticas anti neoliberales no va acompañado de una propuesta de modelo alternativo lo que deja a la ANEP en una situación de rebeldes sin causa, protestando por protestar.

Probablemente podrían argumentar que han propuesto dieciocho puntos al Gobierno donde figura esta supuesta alternativa. Sin embargo, aunque algunos son atendibles, muchos son difusos y otros implican una agresión a la institucionalidad. Al respecto, es preciso condenar enérgicamente el recurso a la violencia y al bloqueo, en una sociedad democrática la protesta es legítima y la inconformidad aceptada, lo que debe rechazarse es la imposición por la fuerza en abierto desafío a la institucionalidad. La Sala Constitucional ha señalado la legitimidad del derecho a manifestarse, siempre y cuando no se perjudiquen los derechos de los demás al libre tránsito; sólo los autoritarios que buscan la unanimidad, disfrazados de adalides de la gobernabilidad podrían oponerse a esto.

Es preciso referirse también a la visión táctica del sindicalismo que pretende liderar estos movimientos sectoriales. La derrota del año pasado les enseñó que no podían apoyarse únicamente en maestros y en el sector salud; por eso han querido ampliar su frente de lucha incorporando sectores diversos y piden el diálogo multisectorial, no quieren quedarse aislados. Las negociaciones que se inician con la intermediación de la Iglesia Católica podrían ser positivas si se parte de reglas claras, los participantes gubernamentales son de alto nivel y no funcionarios sin peso político, y esta iglesia y las evángelicas renuncien a dictar el contenido de la política pública que para eso están los representantes electos por el pueblo.

También es importante que ningún representante sectorial se arrogue la representación de todos los sectores, este tipo de manipulación resta legitimidad a sus demandas. La estrategia gubernamental de negociar los temas por separado pareciera adecuada para llegar a buen destino.

Por otra parte, algunos sectores deben entender que no toda crítica a las tareas gubernamentales es desestabilizadora y que la represión de demandas legítimas puede agudizar la polarización. La ultraderecha desbocada que pide golpe de Estado y mano dura debe ser rechazada con la misma energía que el sindicalismo delirante con su antidemocrática teoría de la democracia de la calle.

El Gobierno llegó tarde a esta cita con el conflicto pero pareciera que ha hecho su propósito de enmienda y que en la escucha organizada está la respuesta a los malestares. El Presidente puede haber cometido errores pero pareciera sincero su deseo de rectificar, paremos las letanias de las culpas y acuerpemos su esfuerzo por salir de esta difícil situación a la que hemos regresado. De por medio está la sobrevivencia de nuestra institucionalidad y convivencia democráticas