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Entender nuestra institucionalidad es básico para lograr acuerdos. A falta de ese entendimiento, se puede caer en la improvisación, el entrabamiento, la tensión social y la violencia.

En los últimos dos años, Costa Rica experimentó una destrucción masiva de empleos y un resquebrajamiento importante de los indicadores sociales como consecuencia de la pandemia, cuyos efectos e impactos no terminamos de conocer.

En una sociedad democrática la protesta es legítima y la inconformidad aceptada, lo que debe rechazarse es la imposición por la fuerza en abierto desafío a la institucionalidad. La Sala Constitucional ha señalado la legitimidad del derecho a manifestarse, siempre y cuando no se perjudiquen los derechos de los demás al libre tránsito; sólo los autoritarios que buscan la unanimidad, disfrazados de adalides de la gobernabilidad podrían oponerse a esto.