El objetivo fundamental de la sociedad costarricense ante la presente emergencia causada por el COVID-19 debe estar centrado en proteger la salud de la población y salvar la vida de las personas, especialmente las más vulnerables.
La institucionalidad del sector de salud ha respondido con serenidad y con eficiencia frente a la pandemia mundial. El sistema público de salud ha girado las directrices para lograr la correcta conducta de los ciudadanos en medio de la epidemia, en forma previsora y gratuita el sistema ha venido realizando las pruebas para diagnosticar el COVID-19 y los servicios de salud están preparados para atender a la población.
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La adecuada respuesta de los servicios públicos de salud no sorprende, siempre hemos confiado en su capacidad para prevenir y curar a los ciudadanos en forma equitativa. Esto es así porque desde hace muchas décadas Costa Rica ha construido un sistema universal y solidario de salud que se ha mantenido a la vanguardia en la prevención, en la formación de recursos humanos y en las nuevas tecnologías médicas.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el sistema de salud costarricense representa un escudo protector para minimizar los efectos de la pandemia.
Lamentablemente, Costa Rica en el manejo de las políticas económicas no ha sido tan previsor como en las políticas de salud pública. La actual crisis del COVID-19 llega cuando el país muestra signos de debilidad en materia de crecimiento y de estabilidad económica.
Los indicadores básicos de la economía muestran un bajo crecimiento económico (con cierto repunte al final del año pasado, pero que no se mantuvo en el mes de enero, según el Indicador Mensual de la Actividad Económica), una alta tasa de desempleo, un déficit fiscal que por las impericias ocurridas en el mes de diciembre del año anterior llegó al 7% del PIB y una degradación del riesgo de la deuda soberana costarricense.
Lamentablemente, las autoridades no tienen mucho margen de acción en sus políticas macroeconómicas para minimizar los efectos de la crisis mundial.
La Asamblea Legislativa aprobó ya una ley para que las empresas pudieran posponer el pago de ciertos impuestos con el propósito de liberarles su flujo de caja y amortiguar la disminución del empleo. Entendemos la necesidad de tomar esta medida, pero nos preocupa su consecuencia sobre el aumento del déficit del Gobierno Central.
No es un asunto baladí
La reducción de la actividad económica originada en la caída de las exportaciones de bienes y servicios (especialmente turismo) y en la demanda interna llevarán a una reducción en la recolección de impuestos del Gobierno Central y, en consecuencia, a un aumento en el déficit fiscal.
El aumento del déficit fiscal no es un asunto baladí, puede llevarnos a nuevas degradaciones en la calificación de riesgo de nuestra deuda soberana y complicarnos el financiamiento del déficit.
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El Banco Central ha reaccionado, tal como lo han hecho otros bancos centrales, reduciendo la tasa de interés de política monetaria. Sin embargo, nos preocupa que las tasas de interés en colones tan bajas puedan incentivar la dolarización de los depósitos bancarios. No debe perderse de vista que, si bien las tasas de interés en los mercados internacionales se han reducido, las primas de riesgo de las economías emergentes han aumentado, especialmente en el caso de Costa Rica después de su degradación en las escalas de riesgo.
Este panorama de una estructura de tasas de interés que favorece la dolarización puede repercutir en el mercado cambiario, obligando posteriormente al Banco Central a subir las tasas de interés en colones para frenar la devaluación. Por esta razón, el Banco Central debería tener cautela en su política de reducción de tasas de interés, dados los riesgos de la situación macroeconómica del país.
Las medidas tomadas por las autoridades en materia de regulación prudencial para flexibilizar las readecuaciones y restructuraciones de los créditos recibidos por las personas y las empresas en el sistema financiero van en dirección correcta para amortiguar los efectos de la actual crisis.
Posiblemente serán necesarias medidas adicionales para que los clientes del sistema financiero puedan minimizar los costos de la crisis. Estas medidas deben ayudar a los deudores, pero sin poner en riesgo los ahorros del público. Debemos recordar que los bancos públicos, los bancos privados, las mutuales y las cooperativas de ahorro y crédito mayoritariamente usan los ahorros del público para prestarlos a los deudores.
Es importante que la ayuda a los deudores se focalice sobre aquellos afectados por la crisis. Nos preocupa el frenesí de iniciativas de los diputados para legislar en el campo crediticio en forma populista y generalizada para todos los deudores. La Asamblea Legislativa debe dar las leyes marco que permitan una administración adecuada de la crisis, pero no debe entrar en la micro administración del crédito o del sistema financiero. Esta tarea le corresponde a las autoridades especializadas.
En conclusión, Costa Rica enfrenta el COVID-19 con una fortaleza en su sector de salud debidamente preparado para proteger la salud la población, pero con una gran debilidad en su economía y con poco espacio para amortiguar la crisis global por medio de las políticas macroeconómicas.
