EscucharLa pandemia ha obligado a los gobiernos a intervenir en actividades comerciales y económicas de una forma pocas veces vista en la historia. La naturaleza altamente contagiosa del virus que produce COVID-19 y el objetivo de evitar la saturación de los sistemas hospitalarios, han conducido a cierres parciales o totales de muchos negocios, algunos de los cuales siguen soportando restricciones significativas cinco meses después.
El tema ha generado grandes discusiones en todo el mundo, pues está de por medio un balance que es muy delicado entre protección de la salud, impacto económico de las medidas y derechos y libertades de los ciudadanos. La prolongación de la pandemia en el tiempo agrava la situación y causa desesperación, por la caída de ingresos en instituciones y empresas y el alto nivel de desempleo.
Las ayudas a personas que han perdido su fuente de ingresos, como los “Bonos Proteger” en Costa Rica, han cumplido una función muy importante. Pero el Estado, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, no tiene los recursos para mantener ese tipo de ayudas indefinidamente.
Por otra parte, salvo algunas flexibilidades en los créditos que han quedado a criterio de los bancos, el Estado ha tardado mucho en plantear esquemas de apoyo a las empresas. Hasta muy recientemente se anunció un programa especial de crédito por parte del Banco Central de Costa Rica y un proyecto de fondo de avales que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa.
Las medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia están teniendo un impacto significativo en los mercados, que pueden analizarse desde varias ópticas. Destacamos aquí la afectación de la competencia, en línea con una nota que presentamos en esta edición. Se han puesto en evidencia o exacerbado barreras y limitaciones a la competencia que ya existían y que afectan seriamente a los consumidores. Por otra parte, se han generado cambios en las reglas de operación de los negocios que alteran la posición competitiva de muchos de ellos de cara a proveedores, clientes y competidores.
En cuanto a barreras a la competencia, un ejemplo claro es el mercado del arroz. En un foro reciente organizado por Lead University, la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido, aseguró que se está trabajando para corregir situaciones contrarias a la competencia que existían desde antes de la pandemia.
“Desde el Consejo Económico estamos empezando a impulsar una agenda que trata de derribar distorsiones en mercados que han sido señalados. Tenemos algunas propuestas para liberalizar el precio en algunos productos que son particularmente críticos, como por ejemplo el arroz, el café, el azúcar y el transporte marítimo, para garantizar que el peso relativo no se siga trasladando al costo, sobre todo que implica para hogares de mayor vulnerabilidad”, explicó la ministra Garrido.
Es una excelente noticia, si se logra concretar. Según el estudio económico de la OCDE sobre Costa Rica, presentado el pasado 15 de julio y disponible en el sitio web del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), las regulaciones actuales en el mercado del arroz implican una transferencia de los consumidores a los productores, lo que para los hogares más pobres podría representar el 8% de sus ingresos.
“Todo esto sugiere -indica el informe- que el entorno regulatorio actual en el mercado del arroz es regresivo y contribuye a una mayor pobreza y desigualdad de ingresos. El aumento de la competencia, para que los precios nacionales se acerquen a los precios internacionales, beneficiaría particularmente a las personas en los deciles de ingresos más bajos”.
Consideraciones similares formula la OCDE respecto al azúcar, el café, las tarifas del transporte marítimo y las tarifas que fijan los colegios profesionales. ¿Por qué no aprovechar para reformarlos en beneficio de los consumidores? Confiamos en que las palabras de la ministra Garrido no se queden solo en buenas intenciones.
En cuanto a los cambios en las reglas de operación de los negocios como resultado de las diversas medidas sanitarias, lo recomendable es respetar en lo posible la neutralidad competitiva en las medidas que se dicten y que el Gobierno se asesore con la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), que tiene entre sus atribuciones emitir opiniones sobre cómo asegurar un marco favorable a la libre competencia y evitar distorsiones en los mercados.
Un ejemplo de falta de consideración oportuna del tema de competencia se dio recientemente cuando el Gobierno, al fijar las reglas sobre el seguro médico que se exigiría a los turistas, pretendió imponer al Instituto Nacional de Seguros (INS) como proveedor único. Inexplicable, tomando en cuenta que hay competencia en el mercado desde hace más de una década, además de la posibilidad de los turistas de utilizar sus propias pólizas.
La prolongación de la pandemia probablemente seguirá obligando al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias. Esperamos que esas medidas se adopten de forma transparente y razonable, respetando en lo posible el principio de neutralidad competitiva, con el fin de minimizar la afectación de las condiciones de competencia en los mercados. Asimismo, que se concrete la apertura en el mercado del arroz y otros mercados excluidos de la normativa de competencia, en línea con lo recomendado por la OCDE y en beneficio de los consumidores, especialmente los de menores ingresos que son los más afectados por la pandemia.
