EscucharLa reforma fiscal marcó un hito histórico al lograr la convergencia de fuerzas político-legislativas para encontrar soluciones a los problemas fiscales Gran parte de esa confluencia provino de los errores políticos de la oposición extraparlamentaria, que quiso paralizar el proceso institucional acudiendo a la democracia de la calle.
Las fuerzas parlamentarias se unificaron, no por adhesión al vacío slogan de la unidad nacional, sino por la urgencia de las reformas y por la presencia de un enemigo que amenazaba, como lo había hecho antes (Combo y oposición al TLC), la legitimidad de las instituciones de la representación, surgidas del voto popular. La lucha fue difícil y larga, dejó un Poder Ejecutivo desgastado pero triunfante y una oposición extraparlamentaria derrotada pero no eliminada.
En la post reforma fiscal el Gobierno contó con el apoyo de la principal agrupación opositora, el Partido Liberación Nacional que impulsó legislación para regular las huelgas y otros proyectos de ley, imposibles para la fracción oficialista por lo exiguo de su número y por su fidelidad a un imaginario político desfasado con la realidad. Sin embargo, la oposición extraparlamentaria no se quedó inactiva frente a su derrota; los opositores fueron más allá, cortejaron a las municipalidades y promovieron juicios para interpretar el significado y aplicación de la reforma fiscal.
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El problema estructural de la política costarricense sigue siendo la fragmentación legislativa. El Congreso no es homogéneo y, más que partidos, incorpora representaciones centrífugas de grupos de presión sectoriales y territoriales, sin liderazgos integradores y visión de país. Es muy difícil que se repita la reunión de fuerzas del 2018, no sólo por la relativa cercanía del proceso electoral, sino también por la ausencia de visiones partidarias sobre el futuro y por la escasa diferenciación entre las propuestas partidarias.
La escasa diferenciación política se constituye en un serio reto de mercadeo político para las próximas elecciones y ahí pareciera estar el origen de la ley que eximió de la regla fiscal a las municipalidades. Asombrosamente, esto ocurre casi que simultáneamente con el rechazo del presupuesto extraordinario que presentó el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, decisión que causa desconcierto porque se sigue gastando por decisión legislativa ,y por el otro lado los diputados reprochan que el Gobierno no reduce el gasto y por eso rechazan el presupuesto.
La llegada de la pandemia ha provocado más confusión pues el Estado se ha visto compelido a gastar más para enfrentar la emergencia, y el déficit fiscal subirá a pesar de la reforma, el discurso de entonces debe adaptarse a las nuevas realidades. Empero, la discusión pareciera estancada en la pre pandemia, en una interminable y abstracta confrontación entre si recortar gastos o aumentar ingresos. La realidad no es blanco y negro, el equilibrio es difícil; el problema consiste ahora en cómo distribuir la disminución del PIB entre los diferentes grupos sociales, problema esencialmente político, para el cual existen múltiples alternativas.
Quienes propulsan recortes al gasto público deben y proponer recortes concretos. Quienes proponen impuestos deben especificarlos, así como su vigencia temporal o permanente. La conversación política debería desembocar en la propuesta de don Eduardo Lizano: un Programa de Estabilización Macroeconómica que incluya inflación, empleo, tipo de cambio, tasas de interés ,déficit fiscal y endeudamiento público. Solo una visión integral nos llevará a buen puerto.
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Parte del éxito de esta travesía reside en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como en los procesos internos en el primer poder de la República. El presidente Alvarado no debe seguir enviando iniciativas que arropadas en el necesario combate contra la pandemia, oculten gastos innecesarios. Los diputados deben aterrizar sus propuestas de recorte del gasto, para que este llamado no sea un recurso retórico más.
Los recursos provenientes de un acuerdo con el FMI inflamarán la discusión política en un Congreso dividido y subdividido en múltiples fracciones y subfracciones, hasta separarse en partículas subatómicas de un solo legislador. Los acuerdos serán difíciles y los consensos del 2018 no volverán. Ahora se tratará de construir mayorías en torno a las fuerzas principales. El PLN tiene una gran responsabilidad histórica; aunque no sea el partido relativamente homogéneo del pasado -por ausencia de liderazgos y dilución ideológica-, sigue siendo el partido más grande y con mayores probabilidades de llegar a Zapote en el 2022.
El PAC deberá apoyar a su Gobierno y guardar la ilusión de que una buena gestión podría darle réditos futuros. Los evangélicos deben dar muestras de responsabilidad política si quieren mantener sus bases más allá del llamado a la moral. El PUSC debe superar las rencillas entre sus feudos provinciales y articular una visión que le permita introducirse en la discusión nacional, más allá de algunos liderazgos individuales.
La incertidumbre de la pandemia no desaparecerá pronto, pero hay que preparar fuerzas para resistir su impacto y planear un nuevo punto de partida, que sólo se logrará si aceptamos que la solución es política.
