Marcando el Norte: COVID-19 agudiza brechas groseras entre la Costa (pobre) y la Rica (próspera)

Una triste realidad que la pandemia contribuye a mostrar es la brecha creciente en lo que alguna vez describí como la Costa y la Rica, es decir, la dualidad entre una urbe próspera versus la Costa Rica rezagada de la periferia, la costa y las fronteras.

Esta brecha se manifiesta en lo económico, en lo social y lo ambiental. Utilizando el Índice de Progreso Social Cantonal (IPSc-Incae), es posible cuantificar el rezago de todo aquello que no es el Valle Central.

Para sorpresa de nadie, los cantones costeros y fronterizos se ubican en los últimos lugares de la medición de progreso social. Así, en municipios como Corredores, Guatuso, Los Chiles, La Cruz, Nandayure, Upala, y Talamanca, sus pobladores tienen menor acceso relativo a servicios de agua y saneamiento, vivienda, salud, educación básica, conectividad (acceso a internet) y educación superior. Adicionalmente son lugares donde sus habitantes sufren en mayor proporción de problemas de tolerancia e inclusión, violencia y abuso.

En cuanto a la pobreza, las distancias entre lo urbano y lo rural son igualmente groseras. Antes de la pandemia, aproximadamente 1 de cada 3 personas era pobre en las regiones Brunca, Pacífico Central, Huetar Atlántica y Chorotega, mientras que en la Región Central la pobreza aún no llega al 20%. El desempleo y el subempleo en las zonas rurales suma un 26,5%, mientras que la informalidad campea por doquier. Las oportunidades de empleo sean escasas y se concentren en el sector agropecuario, la pesca y el turismo.

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En un artículo anterior, explicaba que la brecha creciente entre la “Costa” y la “Rica” ha desarrollado un sentimiento de desesperanza entre las poblaciones de las zonas rurales, la costa y las fronteras. Este sentimiento corta transversalmente sectores, ingresos y niveles educativos. El efecto inmediato de esta situación es que las personas apoyen propuestas radicales, asociadas a la promoción del nacionalismo, pero lejos de los valores institucionales y democráticos que nos caracterizan.

¿Cómo devolver la esperanza a estas regiones? La respuesta a esta interrogante es crucial si queremos una Costa Rica que emerja de la pandemia como un país capaz de satisfacer las necesidades básicas de su población; de establecer la infraestructura e instrumentos que le permite mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y comunidades; y de crear un ambiente propicio para que todos tengan la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Hay tres acciones claves donde debemos concentrar esfuerzos como país para lograrlo:

1. Generar empleo. Costa Rica no puede darse por vencido. Pese a la pandemia, es imperativo crear las condiciones para que las personas tengan un trabajo digno asociado a sus habilidades. Claro que la formalización es necesaria, pero para ello, se requiere, entre otros, reducir los costos de la contratación, modernizar la legislación laboral para adecuarla a las nuevas formas de producción, reducir las cargas de la seguridad social, sobre todo para trabajadores independientes, y favorecer los arreglos de quienes quieran ponerse a derecho.

El sector agropecuario ha hecho propuestas para una agenda de competitividad que contribuya a más empleos y que incluye entre otros: la regularización de la migración, la promoción de nuevas actividades y la incorporación de las universidades a los procesos de extensión e investigación aplicada. Este es el momento de hacer los cambios requeridos en la legislación, tener la valentía para empujar las reformas y apoyar las actividades propuestas. Como dicen por ahí: si no es ahora, ¿cuándo?

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2. Atraer inversión. La creación de empleos depende de la inversión y ésta no se genera espontáneamente. El sector agropecuario costarricense compite con muchos países con condiciones de producción similares. La diferencia claro está, la hacen los factores competitivos, aquellos que nos hacen únicos. Pero aún así, hay que sacar los codos. Hace más de tres décadas Costa Rica atrae inversión extranjera de forma agresiva y exitosa.

Sin embargo, es evidente que los resultados sobresalientes en dispositivos médicos, circuitos electrónicos y servicios empresariales no se traducen en éxitos similares en las zonas rurales. Salvo en turismo, donde recientemente se hizo una alianza entre CINDE y el ICT, no existe un esfuerzo deliberado para atraer inversión en zonas rurales. Debemos empaquetar aquellos factores que nos diferencian y ofrecerlos agresiva y sistemáticamente a la inversión nacional e internacional.

Para ello requerimos de un programa específico, que entienda las vicisitudes de los sectores primarios, que promueva el cambio competitivo, fomente nuevas empresas y que lidere la promoción de la productividad en estas regiones. La agenda de trabajo debe considerar incentivos, eliminación de trámites y la promoción de la coherencia con el desarrollo sostenible, donde no solo priven los intereses de un sector.

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3. Reconquistar las zonas rurales. En los últimos días hemos visto las dificultades que las instituciones del Estado tienen para operar en las zonas rurales. El brote de la COVID-19 en la zona norte, el caos del transporte internacional en Peñas Blancas, los problemas para enseñar a distancia y la tragedia ambiental de Crucitas, nos muestran una cruda realidad. Hay que reconquistar el país y fortalecer la presencia del Estado. Es clarísimo que tenemos que invertir más en nuestras costas y fronteras, tanto a nivel de infraestructura como de servicios para los ciudadanos.

Mientras aquí debatimos por el tren urbano, una bien intencionada medida sanitaria evidenció la falta de infraestructura en la frontera, el monopolio de una sola modalidad de transporte y la falta de conectividad para los individuos y empresas. Este es un buen momento para intervenir los pasos fronterizos, garantizando la seguridad, la salud y la facilitación del comercio; proveer opciones para la conectividad y terminar de una vez por todas la Ruta 1856.

Todas estas acciones requieren de la plena participación del sector privado, de los actores claves a nivel comunitario y de la determinación del Gobierno para tomar decisiones en momentos de crisis. Para ello, dejemos de enfatizar los costos y dificultades y concentrémonos en los resultados y beneficios de largo plazo.

* El autor de este artículo es economista.