Uno de los temas novedosos del discurso presidencial de los 100 días fue el anuncio de que el Gobierno impulsará la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), así como lo que se presume sería la transformación del Instituto Nacional de Seguros (INS) en una sociedad de capital y la venta del 49% de sus acciones.
El anuncio sorprendió pues durante los primeros 100 días el Poder Ejecutivo no había hecho ningún planteamiento sobre el tema, ni se cuenta con proyectos de ley concretos. Incluso jerarcas de las instituciones aludidas se mostraron sorprendidos.
Pero al margen del momento y las formas, el tema es sin duda de gran trascendencia y el Gobierno ya dijo que lo incluirá en la agenda de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
No es un tema nuevo. La posible venta de activos estatales ha estado en el tapete de forma recurrente desde la década de los años noventa; por un lado, con miras a reducir la deuda pública, pero también impulsada por los cuestionamientos al Estado empresario y las ineficiencias y distorsiones que genera. La banca pública, por ejemplo, no tiene objetivos claros que la diferencien de las actividades de la banca privada y ya existe el Sistema de Banca de Desarrollo, que puede operar con una amplia gama de intermediarios.
Recientemente, en el proceso de adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), esa organización emitió diversos informes en que señala deficiencias en la gobernanza y el desempeño de las empresas públicas y un exceso de intervención directa del Estado en la economía. En el mercado financiero menciona ineficiencias y distorsiones a la competencia por las asimetrías regulatorias y el marcado dominio de la banca pública.
En este contexto, reducir la participación estatal por medio de la venta del BCR y el Bicsa podría ayudar a dinamizar el mercado e introducir mayor competencia si entran nuevos participantes que hoy no están presentes en el mercado. Desde el punto de vista fiscal, el Gobierno estima que la venta de esos dos bancos generaría alrededor de ₡1,2 billones, lo que equivale a un 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), que se usarían para reducir deuda pública, lo cual no es despreciable.
En cuanto a la venta del INS, se plantea en términos distintos, como una venta del 49% de las acciones. A pesar de la apertura del mercado de seguros a la competencia en el 2008, el INS sigue dominando con una participación de alrededor del 70% de las primas, aunque en algunas líneas de seguros la presencia de aseguradoras privadas ha crecido de forma importante. La venta de parte del capital no alteraría la estructura del mercado, aunque obligaría a un nuevo enfoque, debido a la participación de otros accionistas en la toma de decisiones.
Se plantea que la venta sea a fondos de pensiones, lo cual genera dudas. Por un lado, la mayoría de los fondos de pensiones -básicos y complementarios- son administrados por entidades públicas, lo que sugiere que no se generaría un cambio significativo en el control estatal del INS. Por otro lado, obligar a fondos de pensiones a invertir en acciones del INS o en cualquier otro instrumento específico atentaría contra la sana administración de esos fondos, que deberían tener libertad para definir sus políticas de inversión con base en la regulación prudencial y los principios de seguridad, rentabilidad y diversificación.
En cuanto al impacto fiscal, se ha estimado que la venta parcial de las acciones del INS representaría alrededor de ₡593.000 millones, aunque al igual que en el caso del BCR y el Bicsa, no está claro cómo el Gobierno ha llegado a esas cifras. Cabe indicar que, en el caso del INS, el ministro de Hacienda indicó que los recursos que se generen no se destinarían a reducir deuda pública, sino a financiar obras de infraestructura que se han visto rezagadas por la falta de presupuesto del Gobierno.
El proceso de venta del BCR, el Bicsa y parte del capital del INS sería sin duda complejo y el Estado costarricense tiene poca experiencia en ese tipo de transacciones. El primer paso sería redactar los proyectos de ley necesarios y someterlos a discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa. Aunque la conformación actual del Legislativo luce favorable, es de esperar que el tema no sea pacífico, que sea sometido a un gran escrutinio y tome su tiempo. Si se lograra la aprobación de las leyes, que probablemente requeriría mayoría calificada de 38 votos, su implementación también sería compleja y sería vital garantizar un proceso bien estructurado, abierto y transparente.
El proceso de venta del BCR, el Bicsa y parte del capital del INS sería sin duda complejo y el Estado costarricense tiene poca experiencia en ese tipo de transacciones.
Hay dudas importantes sobre el contenido de las leyes para la venta de estos activos estatales, y el tiempo que podría tomar aprobarlas e implementarlas. Hace bien el Gobierno en plantear el tema, pero enfrenta grandes retos, como presentar proyectos de ley sólidos y buscar consensos entre los diputados.
Históricamente el tema ha demostrado ser polémico y el avance podría ser lento. Por eso no debería apostarse exclusiva o principalmente a esta propuesta para acometer el apremiante problema fiscal. Otras iniciativas, como mejorar el diseño y recaudación de los tributos, asegurar el cumplimiento de la regla fiscal, impulsar reformas que eliminen duplicidades e ineficiencias en el sector público e implementar pronta y apropiadamente la Ley Marco de Empleo Público, deberían ser parte esencial de la agenda.
