Opinión

Editorial: Una llamada de atención para el ICE

El reto que las autoridades del ICE tienen por delante es inmenso. Un sector de telecomunicaciones moderno y dinámico, que invierta apropiadamente en infraestructura y nuevas tecnologías es esencial para la competitividad de Costa Rica.

Después de años de discusión y debate público, el 7 de octubre del 2007, Costa Rica decidió romper con el monopolio que por décadas el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) había tenido en el sector de telecomunicaciones, al aprobarse, mediante referéndum, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los EE. UU. (Cafta). El documento había sido suscrito por el gobierno de Costa Rica desde enero del 2004. En ese tratado se acordó una apertura que sería gradual, selectiva, regulada y en conformidad con los objetivos sociales de universalidad y solidaridad en el suministro de esos servicios. Para ello, se permitiría la competencia entre proveedores de servicios de redes privadas de datos, Internet y telefonía celular.

El 4 junio del 2008 se promulgó la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642, dando lugar al inicio de una nueva etapa en este sector. Uno de los objetivos de esa legislación fue promover la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones como mecanismo para aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles. Dos meses después, entró a regir la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, No. 8660, cuyo propósito expreso fue fortalecer, modernizar y dotar al ICE, a sus empresas y a sus órganos adscritos, de la legislación que le permitiera adaptarse a todos los cambios en el régimen legal de prestación de los servicios de las telecomunicaciones, info-comunicaciones, productos y servicios de información, y demás servicios en convergencia; flexibilizar y ampliar sus mecanismos y procedimientos de contratación pública; y garantizar y reafirmar su autonomía administrativa y financiera.

Es a partir del 2011, una vez consolidada la subasta de las frecuencias del espectro radioeléctrico y el inicio de operaciones de parte de los concesionarios privados, que se da una competencia efectiva en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Diez años después puede afirmarse que, en general, la apertura ha arrojado resultados muy positivos para los consumidores y para la competitividad del país, tanto en términos de la calidad como en el precio de los servicios ofertados, la penetración de la telefonía móvil, el surgimiento de los servicios VoIP, un mayor acceso a Internet con más enlaces de fibra óptica y mayores velocidades, y el aumento en el tráfico de datos, tal cual han reflejado, año con año, los reportes que emite la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), cuya última versión publicamos en nuestra edición de esta semana.

En este último informe, sin embargo, no deja de llamar la atención el progresivo y acelerado retroceso que parece estar sufriendo el ICE en algunos segmentos del mercado, no obstante las herramientas de flexibilización que le fueron otorgadas al acordarse el régimen de competencia y el plazo bastante extenso en que se ha dado la apertura desde sus discusiones iniciales, las cuales se remontan al menos a 1987 con la fallida incursión de Millicom al país.

Según los informes de la Sutel, Liberty (antes Movistar) es ahora el líder en telefonía móvil, desplazando por primera vez al proveedor estatal (42.3% versus 38.6%). Asimismo, los datos indican que entre el 2013 y el 2021, el ICE ha perdido 866.512 suscripciones a través de la portabilidad.

Aunque el ICE atribuye este retroceso a una depuración de la lista de suscriptores pre-pago sin repercusiones económicas reales para la institución, los especialistas en el tema no dudan en señalar problemas más serios para explicar esta caída en su posicionamiento y en especial sus posibilidades de éxito futuras: poca capacidad de respuesta ante las necesidades y preferencias de sus clientes y para diseñar una oferta comercial atractiva; carencia de alianzas estratégicas; el alto costo de su planilla; ausencia de relevo generacional y dificultades para atraer talento externo con experiencia; y una cultura institucional rígida y reacia al cambio.

Si a esto sumamos las dificultades y poca transparencia que ha demostrado el ICE en el manejo de sus finanzas y la reticencia a devolver las frecuencias necesarias para que el país tenga acceso a la tecnología 5G, podemos fácilmente concluir que el reto que las autoridades de la institución tienen por delante es inmenso. Un sector de telecomunicaciones moderno y dinámico, que invierta apropiadamente en infraestructura y nuevas tecnologías, es esencial para la competitividad del país, para mejorar sus posibilidades de atraer inversión extranjera, y para responder ágilmente a los cambios (el teletrabajo y los nómadas digitales, por ejemplo). Pero también lo es para garantizar la universalidad y cerrar la brecha tecnológica y sus efectos en la igualdad de oportunidades para todos (tan evidente con el apagón educativo), así como para mejorar la calidad de los servicios que presta el sector público costarricense. El ICE puede y debe seguir siendo un actor relevante en esa tarea.

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