EscucharEl Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está entrando en una fase crítica de la que será muy difícil salir.
El año pasado no solo se utilizaron todos los intereses generados por la reserva del régimen, sino que además se empezó a consumir el principal para pagar pensiones, cerca de un 5% de la reserva.
Según datos actuariales a diciembre de 2022, este escenario se proyectaba para 2041. No obstante, el deterioro se aceleró 16 años, evidenciando un desfase alarmante entre la teoría institucional y la realidad financiera.
Durante 15 años, la Supén cuestionó la validez de los estudios actuariales del IVM, denunciando supuestos excesivamente optimistas que postergaron decisiones difíciles y derivaron en reformas reactivas.
Un ejemplo claro es el aumento gradual de la cotización acordado en 2005. En un principio, el aporte al IVM debía incrementarse en 0,5% cada cinco años entre 2010 y 2030, distribuido entre trabajadores, patronos y el Estado. Sin embargo, cuando se comprobó que la medida no era suficiente, se decidió acelerar el ritmo de los aumentos y elevar adicionalmente la contribución de los trabajadores.
El incremento de la cuota estatal agravó la morosidad pública. Hacienda alega que nunca fue consultada sobre su capacidad fiscal, revelando que se aprobaron reformas sin viabilidad presupuestaria real.
A esto se sumó la reforma que entró en vigor en enero de 2024. Esta eliminó la pensión anticipada para los hombres —quienes ahora deben esperar hasta los 65 años— y elevó la edad de retiro anticipado de las mujeres de 60 a 63 años. Además, redujo el monto de las nuevas pensiones al modificar la forma en que se calculan los beneficios adicionales por años cotizados y el salario de referencia.
La reforma de 2024 provocó un efecto búmeran: ante la inminente reducción de beneficios, hubo una “estampida” de jubilaciones. El aumento del 20% en las solicitudes provino del segmento más sólido del régimen (salarios altos y cotizaciones estables), lo que drenó liquidez inmediata.
En 2024, el IVM registró un respiro contable temporal por el pago de anticipos. Sin embargo, el efecto fue un espejismo: el sistema ahora arrastra un gasto permanente por jubilaciones anticipadas que impactó con fuerza en 2025.
Ante la insuficiencia de estas medidas, ahora el Comité de Vigilancia de la CCSS propone reducir las nuevas pensiones del 60% al 35% del salario de referencia, además de cobrar a todos los pensionados un 5% por concepto del seguro de salud que antes estaba implícito dentro del beneficio.
El mensaje para el trabajador es letal: cotizar más para recibir menos. Esto incentiva la informalidad laboral, que en Costa Rica ya roza el 40%, empujando especialmente a los quintiles más bajos fuera de la seguridad social.
Aunque la demografía presiona el sistema —hoy hay menos de cinco cotizantes por pensionado—, el envejecimiento era previsible. La crisis actual no es biológica, sino producto de una prolongada parálisis política.
Propuestas como capitalizar el régimen con la venta del BCR son paliativos populistas. Una inyección única de recursos no corrige el déficit estructural; solo compra un breve margen de tiempo.
El verdadero problema del IVM no es solo demográfico ni financiero. Es, ante todo, un problema de gobernanza. Durante décadas, quienes han administrado el sistema no han actuado con el sentido fiduciario ni con la prudencia que exige la gestión de los ahorros para la vejez de millones de trabajadores.
El colapso del IVM no será una sorpresa. Será la consecuencia directa de décadas de irresponsabilidad política. Cada reforma pospuesta, cada diagnóstico complaciente y cada decisión tomada para evitar el costo político nos ha acercado a este punto. Si el sistema finalmente quiebra, no será porque el problema era imposible de resolver, sino porque quienes tenían la responsabilidad de hacerlo simplemente decidieron no hacerlo. En materia de pensiones, la irresponsabilidad de hoy siempre termina convirtiéndose en la crisis de mañana.
