EscucharLa Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó el resultado de su última valuación actuarial al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual arroja que la institución será incapaz de pagar las pensiones en 23 años.
Esta noticia no debería ser sorpresa para nadie, pues hace más de 15 años la Superintendencia de Pensiones (Supén) alertó sobre la insolvencia del IVM y estresó la importancia de emprender reformas profundas para restaurar la sostenibilidad. En aquella época, la Supén incluso acusó a los funcionarios responsables de maquillar los estudios actuariales mediante el uso de supuestos irreales. La reacción de la CCSS fue inverosímil, pues argumentó que el IVM no requería reformas antes del año 2035.
Lo que sí causa sorpresa son las medidas que propone la Caja, no para equilibrar el régimen sino para alargar la fecha de insolvencia financiera, pues la propia superintendente actual —Rocío Aguilar— ha dicho que el aumento en cuotas no resuelve la sostenibilidad del IVM. Además del incremento adicional a lo ya pactado en la cotización obrero-patronal-estatal de 1,5% de los salarios, la CCSS propone el desmantelamiento de los programas sociales destinados a la atención de la pobreza, mediante la reasignación de las cargas sociales de los programas de Fodesaf y del IMAS, aparte de las cotizaciones al INA y al Banco Popular para trasladarlas y ayudar a llenar el hueco del IVM.
El estudio actuarial estima que la cobertura del IVM cae en el tiempo, lo cual dejará al descubierto a un mayor porcentaje de adultos mayores, en un país en donde actualmente cerca de la mitad de la población mayor de 65 años no cuenta con pensión. Estos porcentajes son aún mayores conforme se desciende en la escala del ingreso. Por tanto, el IVM se irá convirtiendo en un sistema cada vez más elitista que redistribuye en contra de los más pobres. Es por ello que no es una buena idea tomar los dineros de los programas para atender la pobreza para repartirlos en pensiones a personas que no califican como pobres.
También causa asombro los supuestos poco realistas que se siguen utilizando en los estudios actuariales de la CCSS y que permite concluir que el régimen empieza a utilizar los intereses de la reserva del IVM en el año 2035. La realidad muestra que esos intereses se vienen usando desde hace más de una década, lo cual fue interrumpido el año pasado gracias a una reforma mal diseñada que incentivó adelantar las pensiones de varios miles de personas de muy alto ingreso que, ante el incremento en la edad de pensión, prefirieron pagar el costo del adelanto de la pensión, dándole un alivio efímero a las finanzas del IVM.
La CCSS argumenta que los estudios asumen que el gobierno pagará puntualmente los dineros que corresponden a la cuota del Estado. Esta cotización ha subido de 0,25% en diciembre de 2009 al actual 1,57% de la masa salarial de los trabajadores que cotizan para el IVM, y se incrementará a 1,91% a partir de 2029. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no ha venido pagando la totalidad de esta cotización, pues afirma que la CCSS definió este porcentaje sin consultarle ni evaluar las posibilidades fiscales del Estado.
Esta es justamente una de las grandes deficiencias dentro de la gobernanza de la CCSS, pues su junta directiva tiene la capacidad de definir cargas sociales de manera unilateral, lo cual traslada a los cotizantes el costo de la desidia que la institución ha mostrado a lo largo del tiempo para plantear reformas con una antelación adecuada para un régimen de pensiones. A este problema se le conoce como riesgo moral, en el sentido de que las responsabilidades de las acciones no recaen sobre quien comete la omisión, sino sobre terceros que deben cubrir los costos de tales faltas.
En cuanto a las reformas hacia futuro, en la práctica no hay ninguna propuesta. Por ahora, la CCSS confía que estas surjan dentro del proceso de diálogo que está liderando la Supén con los distintos actores sociales y en el marco de la discusión para la creación de una pensión mínima universal.
A pesar de estas buenas intenciones, el Ministro de Hacienda ha dicho de que no es posible financiar una pensión mínima universal a menos de que se incremente el Impuesto sobre el Valor Agregado. Mientras todo esto ocurre, el tiempo pasa y existe el riesgo de que el ejercicio emprendido por la Supén termine como la mesa de diálogo realizada en el año 2017 que concluyó con 33 propuestas de carácter cosmético.
