EscucharRodrigo Chaves Robles cierra su gobierno con una combinación sin precedentes en la Segunda República: una disciplina de corte ortodoxo que arroja algunos números macroeconómicos positivos y un estilo de ejercicio del poder abiertamente confrontativo, que recurrió al insulto y al uso selectivo de las instituciones contra sus críticos.
En el plano económico, la administración puede exhibir una inflación contenida. Esto es consecuencia, ante todo, de la reducción en su momento de los precios del petróleo y de la apreciación del colón, factores fundamentalmente externos al manejo del Ejecutivo. La apertura del mercado del arroz fue una de las controversias que sí asumió el gobierno; sin embargo, los consumidores no terminan de ver un beneficio sostenido, mientras los importadores sí incrementaron sus márgenes —a costa, todo indica, de los productores nacionales—. El promedio del IPC esconde, además, una realidad fragmentada: mientras transporte, vestimenta y comunicaciones se abarataron, rubros de alto impacto como educación, alimentos y salud subieron con fuerza.
Si vemos más allá de la promesa de bajar el costo de la vida, queda claro que no logró cambios estructurales en puntos clave como reforma del Estado, producción y distribución de electricidad, jornadas laborales o transporte público. Además, la inversión en infraestructura pública fue mínima y vivió en buena parte de la inercia constructiva heredada de las administraciones anteriores, que tanto criticó. La deuda sigue siendo un problema grave para el país, la educación de los jóvenes no sale del bache en el cual cayó hace años, las filas para la atención médica pública siguen siendo un problema que viven miles de ciudadanos cada día y los homicidios alcanzaron niveles récord después de que el presidente Chaves restara importancia a una tendencia que era clara.
¿La culpa fue de la Asamblea? Los hechos no soportan esa justificación. El Ejecutivo fue incapaz de formular a tiempo proyectos legalmente sólidos en temas clave (recordemos solo Ciudad Gobierno y el “referendo jaguar”), al tiempo que la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, encontró más gusto en torpedear acuerdos e identificar enemigos que en tejer puentes. Pero, ante todo, Chaves y Cisneros entendieron pronto que el tono populista y confrontativo daba altos réditos en popularidad. Ese cálculo electoral volvió secundario el avance de reformas complejas frente a la utilidad del conflicto permanente para consolidar más poder.
Pero el tono fue más que simplemente populista y confrontativo. En los últimos años fuimos testigos de cómo se configuró un patrón inédito de hostilidad desde el poder político. El cierre exprés de Parque Viva –del Grupo Nación, al que pertenece este medio–, el infundado “megacaso” de evasión fiscal contra el propietario de CRHoy y el uso político del PANI son solo algunos ejemplos de una estrategia de utilización de las instituciones del Estado como herramienta para disciplinar la crítica.
Todo esto ocurrió en paralelo con la institucionalización del insulto como instrumento de gobierno. La Sala Constitucional terminó condenando por primera vez al Estado por estas ofensas, al establecer que los insultos proferidos desde la investidura presidencial no son meras opiniones personales, sino actos institucionales. Así, Costa Rica se sumó a la tendencia internacional en la que la violencia verbal desde el poder impulsa la autocensura y degrada el debate público.
La llegada de Laura Fernández a la Presidencia introduce una nota ambigua en este balance. Por un lado, su estilo contrasta con el de su antecesor: se ha reunido con opositores, ha enviado señales de apertura y adopta un tono más moderado. Por otro, su victoria es, en buena medida, el resultado de esa misma estrategia de “continuidad del cambio”. El país se encuentra así ante una duda legítima: ¿la nueva administración será capaz de marcar distancia real del estilo de insulto y presión institucional, o la continuidad política implicará también prolongar las formas chavistas bajo un ropaje más amable?
En suma, Costa Rica sale de estos cuatro años con mejores indicadores económicos —matizados, eso sí—, pero también con un debate público degradado, instituciones tensionadas y ciudadanos que sienten que opinar es riesgoso. Esa degradación cívica no es el precio aceptable de la estabilidad económica. La próxima administración debe entender que Costa Rica no necesita continuidad del populismo de confrontación bajo un ropaje más amable: necesita una ruptura real con ese modelo de ejercer el poder.
