La reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático emitida en julio pasado marca un hito jurídico trascendental.
El pronunciamiento de la CIJ, contundente y emitido por unanimidad, reconoció que los Estados tienen obligaciones bajo diversos instrumentos de derecho internacional para proteger el sistema climático. Entre otros, se identificó el deber de prevenir daños significativos, cooperar, de actuar con debida diligencia, y de respetar los derechos de las generaciones presentes y futuras. La opinión consultiva identifica la fuente de esas obligaciones, no solo en tratados internacionales sino también en el derecho internacional consuetudinario. La CIJ ha trazado los lineamientos y será en los casos específicos que se demuestre cómo se hacen cumplir esas obligaciones.
Se dice que es el proceso más grande que se haya tramitado ante este órgano internacional, con un récord de más de 90 estados y 11 organizaciones participando durante el proceso. La audiencia se celebró entre el 2 y el 13 de diciembre pasados y en total se presentaron más de 90 escritos.
Pero más allá de su valor legal, esta decisión es particularmente valiosa porque fue impulsada por la juventud: un grupo de jóvenes estudiantes de la organización Pacific Island Students Fighting Climate Change, liderados por Vanuatu, se propusieron convencer a la Asamblea General de las Naciones Unidas de la necesidad de solicitar una opinión consultiva a la CIJ. Según los Estatutos de la CIJ solamente ciertos entes pueden solicitar opiniones consultivas ante la CIJ.
La participación ciudadana, sobre todo cuando se ejerce con responsabilidad y se mueve con un objetivo claro, tiene el poder de mover las cosas. Lo que lograron estos jóvenes no fue solo una opinión jurídica ante la institución más emblemática del sistema multilateral de resolución pacífica de conflictos. Fue un acto profundamente político, democrático y, sobre todo, profundamente esperanzador.
---
Dyalá Jiménez es abogada y se especializa en resolución de disputas internacionales. Es miembro de las más prestigiosas instituciones de arbitraje del mundo, como el Ciadi del Banco Mundial, el Consejo Internacional de Arbitraje Comercial y el Consejo Internacional de Arbitraje para el Deporte. Es exministra de Comercio Exterior y conforma la Junta Directiva de Cinde.
