EscucharLas empresas telefónicas que ofrecen servicios inalámbricos, que están reguladas en nuestro país por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), poseen información muy valiosa de sus clientes: conocen la identidad de la persona, saben cuándo llaman, a quién llaman, cuánto tiempo se hablan, por donde se movilizan y cuánto tiempo permanecen en un lugar. Esta información sería formidable para realizar estudios económicos y establecer, por ejemplo, pautas de consumo que podrían mejorar por mucho las estadísticas de consumo y de producción del país.
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¿Por qué no se usa esta información? Por la simple razón de que pertenece al ámbito privado del individuo y, por lo tanto, su anonimato debe respetarse. En otras palabras, la posibilidad de obtener y mejorar estadísticas está limitada por el respeto a la privacidad de las personas y al cumplimiento de la Constitución y las leyes que así la defienden.
Un caso similar ocurre con la información crediticia individualizada y desanonimizada que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) recibe de los entes regulados. La Sugef recibe esta información identificable para cada individuo para vigilar de que se cumpla con la regulación prudencial en el manejo de los riesgos financieros, como por ejemplo el seguimiento de la morosidad crediticia.
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Esta información es estrictamente privada, propiedad del deudor y, para que deje de ser anónima, la ley exige de un consentimiento informado de la persona o de la orden de un juez en el caso de que existan suficientes evidencias de que se ha realizado algún ilícito. Entre otras razones, el secreto bancario obedece a que la información contiene datos críticos sobre el individuo que, de conocerse, pueden convertirse en víctimas de estafadores, prestamistas informales o del crimen organizado en el peor de los casos.
Sin embargo, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) no lo cree así, y pretende que la Sugef le entregue esa información privada con el argumento de que es requerida para mejorar las estadísticas. Dada la negativa de la Sugef, la gerente del BCCR decidió denunciar penalmente a la superintendenta de la Sugef, lo cual marca un evento sin precedentes en la historia financiera de este país.
Dejando de lado el tema legal, la acción del BCCR produce efectos que serán de difícil y costosa reparación en un futuro. Uno de los efectos más importantes es el daño que se le ha causado a la credibilidad del BCCR y de la Sugef, la cual es el primer pilar de apoyo de la fortaleza institucionalidad del sector financiero.
Este sector está lleno de riesgos e información asimétrica. Por un lado, los ahorrantes desean tener el dinero guardado al menor plazo posible y tener la seguridad de que su ahorro le será devuelto al finalizar el plazo del pacto. Por otro lado, los deudores desean que le presten el dinero al mayor plazo posible. En este descalce de plazos interviene la regulación financiera de la Sugef para asegurarse de que los contratos se cumplan. Además, dentro de la ecuación interviene el BCCR determinando la tasa de interés de mercado y vigilando por la estabilidad de los precios y del tipo de cambio. Todo ello requiere que los individuos confíen en que tanto el BCCR como la Sugef coordinen y realicen un buen trabajo.
¿Qué información se le está brindando al público cuando el BCCR decide judicializar un conflicto en el cual debió haber tenido la sapiencia de dilucidar internamente? La respuesta es obvia y el resultado mina la credibilidad y la confianza en ambas instituciones.
Además, queda la sensación de que el BCCR no realizó un análisis de los riesgos de su decisión de ventilar estas diferencias en público. No ha quedado claro cuál fue el papel de la Junta Directiva del BCCR en el proceso interpuesto por la gerente. Tampoco queda claro qué papel juega el presidente ejecutivo de la institución, cuando en una votación del Consejo Nacional de Supervisión el Sistema Financiero (Conassif) para apoyar el accionar de la Sugef, en la cual él es miembro junto con el Ministro de Hacienda, se abstiene de votar el acuerdo en lugar de votarlo en contra para ser consistente con las acciones de su gerente. Tampoco quedan claras las verdaderas intenciones del BCCR con la información solicitada, pues la máxima cabeza del BCCR en lugar de salir a defender la posición de la institución, envía a un funcionario de tercer rango a explicar que el BCCR ya recibió la información confidencial del Ministerio de Hacienda y de la Caja Costarricense del Seguro Social individualizada y con sus respectivos números de cédula. Al contrario, se generan más dudas si estas dos instituciones incumplieron con el deber legal de resguardo de esa información al entregársela al BCCR sin ninguna restricción.
