EscucharEl 30 de septiembre, la OCDE celebró el 65.º aniversario de su fundación. Al igual que muchas otras organizaciones internacionales que están envejeciendo, ha desarrollado una tendencia a la desviación de su misión, como pudimos comprobar de primera mano en nuestra etapa como antiguos delegados allí. Por eso, algunos responsables políticos estadounidenses quieren reducir o eliminar la financiación destinada a la organización. Pero alejarse de la OCDE significaría renunciar a capacidades que son cada vez más importantes en la competencia económica de Estados Unidos con China.
Los miembros de la OCDE son democracias de mercado, y la organización cuenta con un sofisticado aparato estadístico y décadas de experiencia en la coordinación de la política económica entre Estados Unidos y sus aliados. Estas características hacen que la OCDE sea aún más valiosa en un momento en el que la economía y la seguridad nacional se solapan cada vez más.
El problema es que el mandato del Comité de Política Económica de la OCDE, que durante décadas se centró en la supervisión económica y las políticas de fomento del crecimiento, se amplió en 2013 para perseguir «un crecimiento económico equilibrado y sostenible, prestando la debida atención a las consecuencias sociales y medioambientales». Desde entonces, la organización ha desarrollado programas en torno a la presupuestación con perspectiva de género, la justicia medioambiental, la movilidad social y la iniciativa «Más allá del PIB».
Convertir a la OCDE en unas «mini-Naciones Unidas» centradas en la economía no es una estrategia que le garantice la relevancia. Por el contrario, la organización debería aprovechar al máximo su ventaja comparativa basándose en su legado.
La OCDE surgió de la organización que administró el Plan Marshall y evolucionó hasta convertirse en un foro de coordinación de políticas en torno a intereses económicos comunes. Con ese fin, contribuyó a establecer estadísticas fiables y comparables a nivel internacional. Tras la crisis del petróleo de 1973, se creó la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en el marco de la OCDE para proporcionar a los gobiernos los datos y análisis necesarios para prepararse ante las perturbaciones energéticas. En 1981, la OCDE abordó las preocupaciones sobre la duplicación de ensayos químicos transfronterizos mediante la creación del sistema de Aceptación Mutua de Datos, que exigía a los países participantes aceptar los ensayos de seguridad realizados con arreglo a normas comunes.
La competencia con China depende cada vez más de cuestiones que abarcan tanto la economía como la seguridad nacional: minerales críticos, semiconductores, drones, transporte marítimo, energía, productos farmacéuticos y otras dependencias. Una OCDE reorientada podría respaldar los esfuerzos de sus miembros para contrarrestar a China en el ámbito económico. La AIE ofrece un modelo a seguir. Después de que los controles de exportación de tierras raras impuestos por China en 2025 interrumpieran las cadenas de suministro de fabricación y obligaran a algunas fábricas europeas de piezas de automóvil a suspender la producción, la AIE supervisa ahora los mercados de minerales críticos y lleva a cabo simulacros para garantizar que los miembros estén preparados ante emergencias.
Estados Unidos tiene la influencia necesaria para reconducir a la OCDE hacia su misión fundamental. Estados Unidos aporta el 18 % del presupuesto básico de la Parte I de la OCDE, más del doble de la cuota del siguiente mayor contribuyente, Alemania. En lugar de limitarse a retirarse, Estados Unidos podría condicionar su apoyo continuado a una misión más específica y útil.
Para ello serán necesarias cuatro reformas principales. En primer lugar, la OCDE debería detener su expansión y reconsiderar la participación de países no miembros en sus debates sobre política económica. China puede ser un objeto de análisis necesario para la OCDE, pero eso no significa que deba participar en debates destinados a coordinar las políticas entre las democracias de mercado.
En segundo lugar, la organización debe volver a centrarse en la economía, un cambio que ya está en marcha. En 2026, el mandato del Comité de Política Económica se revisó bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump para promover «el mayor crecimiento económico equilibrado, sostenible y estable en las democracias de mercado». El resto de la OCDE debería tomarse en serio este objetivo.
En tercer lugar, reorientar sus recursos hacia las cadenas de suministro y la seguridad económica haría que la infraestructura actual de la OCDE resultara mucho más valiosa. Sus tablas de insumo-producto entre países reflejaron las relaciones de producción en 80 países y 50 sectores en 2025. Por el contrario, la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. elabora cuentas anuales de insumo-producto para 71 categorías industriales en EE. UU. y tablas de referencia con 402 sectores. Los responsables políticos necesitan datos sectoriales más detallados para identificar los puntos de estrangulamiento en las cadenas de suministro, evaluar si existen sustitutos y predecir con qué rapidez se podría trasladar la producción a otros lugares.
Aunque ningún gobierno por sí solo puede recopilar fácilmente esta información, la OCDE sí puede hacerlo, siempre que utilice su presupuesto actual de forma más eficiente. Por ejemplo, se destinan recursos sustanciales a elaborar anualmente unas dos docenas de estudios por países que duplican el trabajo ya realizado por el Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales, los gobiernos y el sector privado. En su lugar, estos recursos deberían reorientarse hacia la elaboración de datos comparativos entre países, la cartografía de las cadenas de suministro y la medición de las subvenciones y las dependencias, aspectos para los que la OCDE se encuentra en una posición única para proporcionar.
Por último, la OCDE debería utilizar su capacidad para crear instrumentos jurídicos —actualmente hay 270 en vigor, que abarcan ámbitos como la inversión, las exportaciones y la competencia— para promover la seguridad económica. La cooperación en materia de control de inversiones y cadenas de suministro puede comenzar entre un grupo más reducido de miembros, y la OCDE puede luego convertirla en normas comunes.
La OCDE se creó para un mundo en el que los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos eran inseparables. Sesenta y cinco años después, nunca han estado tan estrechamente alineados.
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Kim Ruhl, antigua miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (2025-2026), es profesora de Economía en la Universidad de Wisconsin-Madison. Pierre Yared, ex presidente en funciones del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (2025-2026), es catedrático de Negocios Internacionales y vicedecano de Formación Ejecutiva en la Columbia Business School, así como investigador principal del Consejo de Relaciones Exteriores.
