Por: Roberto Artavia.   4 octubre

El Índice de Progreso Social Cantonal (IPSC) de 2019 se publicó a inicios de la semana anterior, dotando así al país, Gobierno, ministerios, instituciones, municipalidades y empresas de una importante herramienta de planificación.

El IPSC está compuesto por tres dimensiones, 12 componentes y es medido por medio de 53 indicadores que permiten analizar cómo se desempeña cada cantón en términos de satisfacer las necesidades básicas de su población, cuán eficazmente despliega los instrumentos e infraestructura social y ambiental que promueven la movilidad social, y si se vive en un ambiente en que cada ciudadano tiene la oportunidad de alcanzar su verdadero potencial.

El IPSC, fiel a la filosofía de la organización que lo promueve globalmente, está diseñado para pasar de la medición a la acción. Su nivel de desagregación genera a cada comunidad decenas de oportunidades para que, por medio de nuevas políticas, programas y/o inversiones, se cambie la calidad de vida de las personas.

Sin creencias ni ocurrencias

Por ejemplo, en cantones donde la muerte en carretera es una verdadera epidemia —y hay bastantes— uno pensaría que entre las instituciones del sector (MOPT, Conavi, Policía de Tránsito y empresas interesadas, como las que venden motos y sus accesorios y las que comercian seguros) se podría desplegar una serie de medidas de control, educación, señalización, etcétera, para reducir este indicador de manera específica.

Pero para que esto ocurra los ministros, presidentes ejecutivos, y directivos empresariales tienen que enfocarse en datos y análisis en vez de tomar decisiones desde el ámbito de las creencias y ocurrencias.

Hay que usar los datos para sustentar análisis y decisiones, y así hacer un uso más eficaz y eficiente de cada recurso, para promover equidad de acceso y oportunidades, cerrar brechas entre grupos sociales y geografías, y así cumplir la promesa de ser aquella nación que se enorgullecía de saberse diferente.