Con cerca de un tercio de la población mundial bajo cuarentena, la humanidad urge de tratamientos contra el COVID-19 que dependen de una coordinación efectiva entre gobiernos y el sector privado.

Alrededor del mundo hay una carrera por desarrollar tecnologías que eviten que la gente requiera cuidados intensivos y que los sistemas de salud colapsen. Al menos 20 compañías están realizando pruebas clínicas para posibles tratamientos, y otras seis están compitiendo para ser los primeros en desarrollar una vacuna.

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Muchos gobiernos están acelerando la aprobación de tratamientos. Por ejemplo, Brasil eliminó cuellos de botella regulatorios al aceptar la certificación de medicamentos de otros mercados importantes. Por su parte, las autoridades de salud pública están recolectando datos, compartiendo información vital y dirigiendo tratamientos donde más se necesitan. Este tipo de coordinación público-privada nos dará una posibilidad de derrotar al virus.

Sin embargo, algunas ONG como Médecins San Frontières están presionando a los gobiernos para que preventivamente confisquen la propiedad intelectual de cualquier tratamiento que sea inventado, con el objetivo de que sea gratuito para todos. La campaña ha tenido eco. Canadá, Chile, Ecuador e Israel ya dieron pasos para suspender patentes, y otros podrían seguir el ejemplo.

Las crisis demandan esfuerzos extraordinarios, pero estas propuestas populistas amenazan con socavar el sistema global de desarrollo y distribución de tratamientos de emergencia. Los fabricantes de medicamentos deben gastar millones de dólares para acelerar la producción de cualquier tratamiento, lo cual implica grandes riesgos comerciales. Kenneth Kaixin, director del Centro Tufts para el Estudio del Desarrollo de Medicamentos, señala que “Uno no invierte mucho en la producción de un fármaco antes de saber si va a poder sacarlo al mercado. [Aun así] uno quiere garantizarse que puede producir la mayor cantidad que se necesita, quizás cientos de miles de dosis al final del día”.

“De ninguna manera”

Los derechos de propiedad intelectual permiten que las compañías movilicen recursos para crear enormes cadenas de producción y distribución y al mismo tiempo manejar el riesgo de dichas inversiones. La propiedad intelectual también resulta crítica para convertir una idea promisoria en un tratamiento real. El Dr. Derrick Rossi, fundador de Moderna, una joven empresa biotecnológica que en tiempo récord llevó a pruebas clínicas la primera vacuna potencial contra el covid-19, afirma que “de ninguna manera” el Estado podría reemplazar al sector privado en crear tratamientos para pacientes.

El financiamiento en la investigación básica es clave, pero es solo el inicio. “Los académicos son buenos en la academia y en la ciencia, pero no son buenos para desarrollar medicamentos para los pacientes”, indica el Dr. Rossi. Los gobiernos tampoco tienen la experiencia, la infraestructura o los recursos para sacar un tratamiento nuevo al mercado, y usualmente no toleran el riesgo de perder grandes cantidades de dinero en tratamientos que no terminan funcionando.

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Los derechos de propiedad intelectual han facilitado una respuesta rápida del sector privado al covid-19. Las compañías están echándole una nueva mirada a medicamentos viejos en sus portafolios de patentes que nunca salieron al mercado. Otras están investigando readaptar medicinas existentes para otras enfermedades. En el corto plazo, estas empresas ofrecen la mejor esperanza de un tratamiento.

Hasta ahora, la propiedad intelectual no ha sido un obstáculo en la lucha contra el COVID-19. El Reino Unido pronto distribuirá millones de pruebas de detección de anticuerpos a un costo mínimo. También continúan las investigaciones sobre la utilidad de la cloroquina, un medicamento contra la malaria cuya patente expiró hace mucho tiempo. Un fármaco promisorio contra el VIH ha sido autorizado por su dueño para producción genérica alrededor del mundo. Y muchos de los medicamentos existentes que están siendo readaptados para el covid-19 tampoco tienen patentes.

El sector privado está movilizándose, no por el precio de sus acciones, sino porque es lo correcto. Pero eliminar los derechos de propiedad intelectual solo inyectará incertidumbre en un escenario de por sí complicado. La tecnología jugará un papel fundamental en permitirnos regresar a nuestras vidas normales. Pero, alrededor del mundo, necesitamos que los gobiernos ejerzan liderazgo y no se distraigan con ideas contraproducentes.