Cuando hablamos de la infraestructura que Costa Rica necesita para competir, pensamos en carreteras, puertos, energía, telecomunicaciones y tecnología. Todas son indispensables. Pero hay otra infraestructura, menos visible y quizá más difícil de construir, que condiciona el funcionamiento de las demás: la confianza.
La confianza reduce la incertidumbre, permite invertir con una perspectiva de largo plazo, facilita la cooperación y hace posible que personas, empresas e instituciones asuman riesgos razonables. Cuando se deteriora ocurre lo contrario: aumentan los costos de transacción, se postergan decisiones y cada cambio se interpreta como una amenaza. No es solo un valor cívico, es un activo económico.
Esa idea importa especialmente para Costa Rica. El país necesita crecer, elevar su productividad y distribuir mejor las oportunidades. Ninguna de esas tareas depende únicamente de disponer de más recursos. También exige instituciones capaces de convertirlos en resultados reconocibles para la ciudadanía. La legitimidad ya no proviene de la antigüedad, del tamaño ni de la naturaleza jurídica de una organización; proviene, cada vez más, de su desempeño.
Defender la institucionalidad, por tanto, no equivale a defender el inmovilismo. Una institución que se limita a invocar su historia corre el riesgo de volverla irrelevante. La historia importa cuando se transforma en experiencia para decidir mejor; la estabilidad importa cuando permite innovar con responsabilidad; y el propósito público importa cuando produce valor concreto para las personas.
La confianza se construye con resultados
El primer desafío es pasar de la actividad al impacto. Ejecutar presupuestos, lanzar programas o digitalizar procesos puede ser necesario, pero no basta. La pregunta decisiva es otra: ¿qué problema se resolvió?, ¿qué oportunidad se abrió?, ¿qué barrera dejó de existir? Medir la gestión desde la perspectiva de las personas obliga a revisar prioridades y evita confundir movimiento con progreso.
Esta distinción es relevante porque las instituciones suelen ser evaluadas en dos planos a la vez. Por un lado, se les exige eficiencia, capacidad de ejecución y rigor; por otro, se espera que respondan a problemas que son complejos y que no se resuelven con una sola decisión. La respuesta no puede ser prometer más, debe ser priorizar mejor, medir los resultados y explicar con honestidad qué puede hacerse, qué requiere más tiempo y qué debe corregirse.
El segundo desafío es hacer comprensibles las decisiones. La transparencia no consiste en acumular documentos en un portal, consiste en explicar los criterios, reconocer las restricciones y rendir cuentas sobre los resultados. La confianza aumenta cuando una institución puede mostrar no solo qué decidió, sino por qué lo hizo y qué aprendió de sus aciertos y errores.
El tercero es adaptarse sin convertir la tecnología en un fin en sí mismo. Digitalizar un trámite deficiente puede hacerlo más rápido, pero seguirá siendo deficiente. La innovación tiene valor cuando simplifica la vida, protege la información y amplía el acceso, de lo contrario, solo traslada al entorno digital las mismas fricciones del mundo físico.
Hay, además, una tensión que no deberíamos ignorar. La velocidad del cambio tecnológico empuja a las organizaciones a decidir con mayor rapidez; la responsabilidad institucional, en cambio, exige controles, trazabilidad y prudencia. Presentar ambos principios como incompatibles sería un error. La verdadera modernización consiste precisamente en diseñar instituciones capaces de ser ágiles sin ser temerarias, y rigurosas sin convertirse en inmóviles.
Una banca que conecte ahorro y futuro
Esta discusión alcanza de lleno al sistema financiero. La banca canaliza el ahorro hacia la inversión y ayuda a transformar proyectos en actividad productiva, pero su contribución no debería medirse únicamente por el volumen de crédito colocado, también debe evaluarse por la calidad de las oportunidades que ayuda a crear: empresas más productivas, hogares con mayor capacidad de decisión, territorios mejor conectados con la economía y personas con herramientas para gestionar su vida financiera.
El reto es especialmente visible en una economía en transformación. El financiamiento puede ayudar a una empresa a invertir en tecnología, a un emprendimiento a escalar o a una familia a construir patrimonio. Sin embargo, el crédito por sí solo no corrige problemas de productividad, información o capacidades. Una intermediación financiera responsable debe comprender esa realidad: el dinero es un habilitador, no un sustituto de una buena estrategia ni de decisiones sostenibles.
En el caso de la banca pública, la exigencia es aún mayor. Debe demostrar que la solidez financiera y el propósito público no son objetivos enfrentados. Una entidad sólida puede acompañar mejor a los sectores productivos y responder con mayor capacidad en momentos de incertidumbre. A la vez, el propósito público obliga a mirar más allá del resultado inmediato y a preguntarse dónde existen brechas que el mercado, por sí solo, no resuelve.
Ese equilibrio requiere prudencia, pero no pasividad. Supone innovar sin comprometer la seguridad; competir sin abandonar la inclusión; y modernizarse sin perder de vista que detrás de cada operación hay una decisión empresarial, un proyecto familiar o una aspiración personal. No se trata de elegir entre eficiencia y cercanía. El reto es conseguir ambas.
En el Banco Nacional entendemos que nuestro papel debe juzgarse con ese estándar. Nuestra trayectoria no es una garantía automática de relevancia futura. Es una responsabilidad: administrar con prudencia los recursos que se nos confían, responder a una economía que cambia y demostrar, mediante resultados, que una institución pública puede ser moderna, competitiva y útil para el desarrollo.
El futuro institucional también se decide hoy
Hay una dimensión adicional: la confianza se acumula lentamente, pero puede deteriorarse con rapidez, por eso el debate sobre las instituciones no debería reducirse a si deben cambiar, sino a cómo deben hacerlo. Cambiar sin dirección puede destruir capacidades valiosas; resistirse a cambiar puede volverlas obsoletas. La pregunta estratégica es qué preservar, qué transformar y qué dejar atrás.
Costa Rica necesita seguir invirtiendo en infraestructura física y digital, educación, energía y capacidad productiva, pero también necesita invertir en credibilidad, rendición de cuentas y calidad institucional. Sin esa base, incluso los mejores proyectos encuentran resistencia y los acuerdos se vuelven más difíciles. Con ella, es posible movilizar recursos, construir consensos y sostener esfuerzos que requieren continuidad.
Esto coloca una responsabilidad particular sobre quienes dirigimos organizaciones de interés público. No basta con administrar el presente, hay que tomar decisiones que permitan que las instituciones sigan siendo relevantes para una sociedad que cambia sus expectativas, sus hábitos y su relación con la tecnología. Y hay que hacerlo entendiendo que la confianza ciudadana no es un cheque en blanco.
La confianza no se decreta ni se hereda, se construye todos los días con decisiones coherentes, resultados verificables y una disposición real a corregir. Por eso también es infraestructura y probablemente sea una de las más importantes para el futuro que Costa Rica quiere construir.
---
El autor es presidente de la junta directiva General del Banco Nacional.
