Mis papás forman parte de la primera generación en mis dos familias que logró ir a la universidad. Aunque admiro profundamente a países como Alemania cuyo modelo de educación dual es suficiente para alcanzar el mayor éxito profesional, el caso es que en nuestro país la educación superior continúa siendo el factor determinante para que una persona crezca profesionalmente. Este definitivamente ha sido mi caso y el de muchísimos jóvenes en Costa Rica.
Por lo que valoro la educación superior que recibí, es que me interesa el proyecto de ley que pretende reformar el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup). De acuerdo con el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, uno de los elementos claves para aumentar la competitividad de un país es mejorar las “habilidades” de su fuerza laboral actual y futura. Es claro que en las últimas décadas una parte muy importante de esta responsabilidad ha recaído sobre las universidades privadas. De hecho, actualmente el 70% de los profesionales de este país se gradúan de una universidad privada.
Hay tres elementos especialmente preocupantes en la redacción del proyecto actual:
- La exigencia de una acreditación obligatoria a las universidades privadas que no se les pide a las universidades públicas. Lo correcto sería que si va a existir un proceso de acreditación aplique para todas las universidades y esté a cargo de un ente independiente.
- El potencial conflicto de interés de esta acreditación pues el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior es un ente adscrito al Consejo Nacional de Rectores por lo que se convierten en “juez y parte” del proceso.
- La conformación del Conesup que no resuelve los problemas que han limitado la pertinencia y oportunidad de la oferta académica, ni eliminan los procesos burocráticos.
Soy una fiel creyente de las bondades de la competencia y la convivencia sana entre universidades públicas y privadas, por eso confío en que los diputados generen una ley que verdaderamente eleve la calidad de la educación superior.