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Únicamente el 2 % de los ciudadanos costarricenses considera que el tema fiscal es el principal problema del país.
Este año el déficit del Gobierno Central será del 7,1 % del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones del Banco Central de Costa Rica.
En el 2017 fue del 6,2 % y su tendencia ha sido creciente desde el 2010.
Los ciudadanos no notamos los efectos del déficit mientras se contó con recursos externos para financiarlo. Sin embargo, desde el año pasado el financiamiento del déficit en el mercado local ha presionado las tasas de interés al alza, estrujado el crédito al sector privado (empresas y hogares), contribuido a la desaceleración de la economía y a la reducción de la inversión privada.
En los últimos meses las empresas calificadoras de riesgo han señalado con claridad el deterioro de las finanzas públicas costarricenses y han advertido del incremento del riesgo de la deuda soberana costarricense.
Las dificultades de la Tesorería Nacional para financiar el déficit fiscal han sido públicas y notorias.
Hace varias semanas el Gobierno anunció la colocación de $1.500 millones en el exterior ¡bajo la figura de deuda interna! Sin embargo, esta colocación no se ha materializado y una nube de misterio envuelve dicha operación.
La reforma es necesaria, pero...
Existe un marcado conceso entre los economistas sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal para proteger la estabilidad, el crecimiento y la equidad en el país. Pero sólo el 2 % de los ciudadanos considera que el tema fiscal es el principal problema del país.
La discusión de este tema ha estado presente con mayor o menor desarrollo en los programas de los diferentes partidos políticos.
Sin embargo, ha existido, una marcada tendencia de los partidos políticos para soslayar las soluciones fiscales dado su costo político.
No es una reforma cosmética. El Gobierno que asuma en mayo tendrá en sus manos una papa caliente y no mucho tiempo para sostenerla.
Los mercados internacionales donde Costa Rica ha colocado deuda y los inversionistas locales tendrán la vista puesta en las decisiones de cómo el Gobierno reducirá el déficit de más del 7 % del PIB a un nivel razonable, digamos un 3 %, por ejemplo.
El país nunca ha hecho una reforma fiscal de la magnitud requerida actualmente.
La reforma deberá tener varios elementos. Iniciemos por lo más fácil, por aquellas dos cosas que los candidatos presidenciales dicen para salir del paso y no comprometerse.
Primero, mejorar la recaudación de los impuestos ya existentes. Hay que hacerlo, sin duda alguna. Pero no nos engañemos, los resultados de este esfuerzo serán modestos y llegarán en el mediano plazo.
Por ejemplo, el gobierno del presidente Solís puso mucho énfasis en mejorar la recaudación e incluso se pasaron varios proyectos de ley con tal objetivo. El resultado: la recaudación de los impuestos en el 2013 (último año completo del Gobierno Chinchilla) fue del 13,2 % del PIB y en el 2017 fue de 13,4 %. Es decir, un modestísimo aumento de tan solo 0.2 por ciento del PIB.
Segundo, otro elemento mencionado es reducir o eliminar los gastos en viajes, viáticos y consultorías.
Hay que hacerlo hasta donde la racionalidad lo permita, pero de nuevo, como en el caso anterior, por esta vía no se logrará una reducción sustancial del déficit.
Hay una decisión clave: ¿cuánto de la reducción del déficit se hará por medio del incremento de los ingresos y cuánto por reducción del gasto?
Ello implica múltiples decisiones difíciles. Por ejemplo:
Eliminar exoneraciones de impuestos: ¿Eliminar exoneraciones: a las cooperativas?, ¿a las Empresas Públicas?, ¿a las instituciones autónomas?, ¿a las Zonas Francas? y a un largo etcétera.
Aumentar impuestos: ¿Aumentar el IVA por encima del 13 %? ¿ampliar la base del impuesto para que los servicios paguen el IVA? ¿exonerar una canasta para el consumo de bienes adquiridos por los hogares pobres?
Impuesto de renta: ¿Impuesto de renta global? (sumar todos los ingresos, en vez de pagar por partes) ¿Impuesto de renta universal? Esto es cobrar el impuesto sobre los ingresos generados en el exterior por los residentes en Costa Rica.
Reducción de gastos: ¿Congelar las plazas en el Gobierno? ¿En el Ministerio de Educación?, ¿en el Ministerio de Seguridad?
Política salarial en el Gobierno: ¿Cómo negociar con los sindicatos una política salarial que no desborde el gasto, pero que no cause un conflicto? ¿Reforma a los pluses? ¿Cómo lidiar con los gastos prestablecidos en la Constitución y en las leyes? ¿el 8 % para la educación?
Detrás de cada una de estas decisiones hay una posible fuente de reducción del déficit, pero todas tienen consecuencias, algunas totalmente inaceptables para la sociedad costarricense y otras no tanto.
Adicionalmente, detrás de cada una de estas decisiones existirán grupos que se opondrán con fuerza a los cambios.
Si la reforma se realiza puede realimentarse positivamente mediante el crecimiento económico en el mediano plazo y la reducción del gasto por intereses. Claro, pero posiblemente en el corto plazo generará recesión.
Hay que decidir si la reforma la hacemos solos o con apoyo de organismos externos. Si existen créditos de estas entidades podría contarse con un período para hacer la transición y evitar la terapia de choque. El apoyo de estos organismos daría credibilidad a la reforma en los mercados internacionales y locales.
Todo esto es positivo, pero implica negociar con estos organismos, quienes solo financiarían una reforma sustantiva y establecerán sus condiciones.
La complejidad de la reforma
La reforma fiscal no es un asunto meramente técnico. Si así lo fuera, sería fácil. El asunto es eminentemente político.
Las decisiones sobre los temas de ingresos y gastos públicos deben ser tomadas por el sistema político en representación de la sociedad.
Desde el punto de vista formal algunas decisiones corresponden a la Asamblea Legislativa, otras al Poder Ejecutivo y todas serán del escrutinio de la Sala Constitucional. No olvidemos que los dos últimos intentos de reforma naufragaron en esta instancia.
La reforma fiscal deberá transitar necesariamente por la opinión pública y por los diversos grupos defensores de sus intereses: cámaras empresariales, sindicatos, cooperativas, asociaciones, etcétera.
Cada uno de estos grupos defenderá sus intereses o lo que consideran que son sus “derechos”.
La tarea para llevar a buen puerto una reforma fiscal necesitará de ingentes recursos técnicos y políticos.
No se trata de redactar unos proyectos de ley y enviarlos a probar suerte en la Asamblea Legislativa. La negociación dentro y fuera la Asamblea Legislativa demandará una mezcla de conocimiento técnico y capacidad para lograr acuerdos que hasta ahora no hemos sido capaces de construir.
El liderazgo para realizar la reforma fiscal recaerá en el Presidente de la República y en su equipo.
También dependerá de la calidad y composición de la Asamblea Legislativa. Las figuras claves serán el Ministro de la Presidencia, el Ministro de Hacienda y los líderes de los diferentes partidos dentro y fuera de la Asamblea Legislativa.
Pero también jugarán un papel importante los líderes de las diferentes organizaciones laborales, empresariales y sociales.
En el primer año del próxima Administración se verá si el sistema político logra cumplir con la tarea fiscal. O por el contrario, si serán las fuerzas del mercado las encargadas de ejecutar tal tarea.
